En un hecho histórico por el reconocimiento judicial a la mala liquidación salarial de los trabajadores en la Cooperativa de Electricidad de Zárate, el Tribunal de Trabajo dictó sentencia favorable al trámite iniciado por afiliados al Sindicato de Luz y Fuerza.
En agosto de 2010 se había modificado la estructura salarial en la CEZ, teniendo como dato significativo que los acuerdos paritarios no incorporaban al básico los incrementos acordados. Esto congeló la ‘Categoría 11’ que, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 36/75, regula otros porcentajes dentro de la masa salarial.
“La situación habría producido una caída de alrededor de un 35% del salario desde el año 2010 a la fecha, por una forma rebuscada y antojadiza de interpretar la implementación de actas acuerdo salariales. Esto fue generando una distorsión sobre el resto de los porcentuales de convenio, produciendo semejante retraso en los salarios, con el consiguiente perjuicio que se ha denunciado en esta oportunidad”, explicó el Secretario General del Sindicato, Néstor Iparraguirre.
Aunque el fallo está apelado por la empresa y la CEZ para hacer uso de este recurso extraordinario tuvo que depositar el monto total de la demanda en una cuenta especial a modo de garantía de pago, se estima que ante la contundencia del fallo del Tribunal de Trabajo de Zárate la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ratificará la decisión de primera instancia.
Los trabajadores hicieron el reclamo porque además del retraso salarial comprobado por la justicia laboral, también estarían teniendo, consecuentemente, una menor contribución en aportes sindicales, obras sociales y previsionales, que se debe considerar de inmediato rectificar, con el fin de no profundizar mayores diferencias salariales y futuros reclamos.
Este último punto no es menor, porque al reducirse la estructura salarial en los porcentajes denunciados, los trabajadores que están en condiciones de jubilarse van a ver reducido sus haberes iniciales en porcentajes similares.
Lo cierto es que esta sentencia abre paso a sumar a las denuncias que están en trámite, otras por el mismo motivo. La cifra calculada es muy alta: entre 2010 y 2015 la deuda con todos los trabajadores afectados supera los $30.000.000 (treinta millones de pesos).