Un fallo de la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal, al que tuvo acceso en exclusiva InfoGremiales, dispuso el cese de la intervención judicial del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU). Tras más de seis meses de haber estado en vigencia, con varias polémicas sobre sus decisiones, la intervención dispuesta el 18 de febrero por el Juez Federal Rodolfo Canicoba Corral debe finalizar «a la brevedad».
El escrito sostiene que «el tiempo transcurrido desde que se ordenó la medida en cuestión se advierte que, a la actualidad, medió tiempo suficiente para cumplir con los fines propuestos por la instrucción».
«En consecuencia el magistrado, debe por los medios pertinentes y adecuados, hacer cesar la intervención en el plazo más breve posible, procurando la convocatoria a fin de que las nuevas autoridades asuman su cargo a la brevedad», agrega.
Según pudo saber InfoGremiales, las autoridades electas en el gremio ,y que quedaron al frente del SOMU tras la renuncia de Omar «Caballo» Suarez, buscarán retomar sus cargos el lunes mismo.
Los gremialistas hasta ahora desplazados, a los que les prohibieron el ingreso al gremio y las seccionales, entienden que el rol de la interventora, Gladys Gonzalez, ya no tiene vigencia legal por lo que Mario Morato volvería a ser la cabeza de la asociación sindical hasta se desarrolle el nuevo proceso electoral.
Los que no vuelven
El fallo de la Cámara deja fuera del regreso a la gestión del gremio, y de la participación en la vida política del SOMU, a aquellos dirigentes que se encuentren procesados por los ilícitos que todavía se investigan y que dieron origen a lo que a la postre fue la intervención judicial.
De esta manera todas las agrupaciones van a volver a tener la chance de presentarse en los comicios, que según pudo saber InfoGremiales se llamarán en el corto plazo, con la excepción de los ex socios de Suarez que actualmente militan en las filas del moyanismo.
Es que a pesar del raid mediático de las últimas semanas y de haber contado en diferentes medios el temor que le tenían al «Caballo», los ex dirigentes expulsados Agustín Vargas, Alejandro Giorgi y Rubén Alejandro Moreira no podrán retornar para competir por la conducción por estar procesados.
Los tres, junto al cuarto alfil del moyanismo, José Luis Clemente (padrino de uno de los hijos de Hugo Moyano), ocuparon cargos durante años en la conducción del detenido Suárez, en posiciones que fueron esenciales para convalidar los negocios tanto en San Jorge como en la Fundación Azul.
Presión internacional
Horas antes de la sentencia se conoció un comunicado de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF) que arremetía contra la intervención macrista del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU). Es que su consejo directivo emitió un duro documento tras su encuentro los pasados 20 y 21 de octubre en los que pide el cese de la intervención y el regreso del sindicato a manos de sus afiliados.
Además la Federación había resuelto el envío de una carta «solicitando que la intervención del Sindicato cese sus funciones, y que entregue al Secretariado Nacional del Sindicato y sus afiliados, de forma a que ellos puedan restaurar sus procesos democráticos, para la elección de sus Dirigentes» y «organizar una delegación a Argentina para solicitar que el debido proceso se cumpla, y que se implemente la investigació
n mas adecuada».
Para la ITF el proceso que se estaba llevando adelante en el gremio y que caía en manos de la Diputada Nacional Gladys Gonzalez, no está reglamentado en la ley, y fue el mismo que utilizó el régimen militar para atacar y perseguir al movimiento sindical.
La intervención dispuesta por Rodolfo Canicoba Corral, según consignó la organización internacional, «ha dejado al Sindicato en una situación de indefensión, considerando que tres personas que no tienen ninguna relación con el Sindicato asumieron la administración del mismo, sustrayendo a los trabajadores el derecho de representación propia y su autonomía y, por tanto, violando todos los principios de la libertad sindical».
Además se mostraron «alarmados» por las «dudosas decisiones adoptadas por la intervención, incluyendo denuncias de la posible disposición no autorizada de los recursos del Sindicato, posible tentativas de desmejorar, o incluso eliminar Convenios Colectivos del Sindicato y la constante violación de su Estatuto» y «por el hecho de que a los dirigentes sindicales no les está permitido entrar a su propio Sindicato, no tienen acceso a los bienes sindicales, y habrían reportes de que algunos servicios proporcionados por el Sindicato como servicios de salud, han sufrido un gran deterioro».