La organización de la sociedad civil que en meses pasados asesoró en el amparo judicial contra el convenio del gobierno macrista con McDonalds para pasantías de empleo para jóvenes “vulnerables” en condiciones de precariedad, sacó un artículo en el cual analizan la política de despidos de empleados públicos del nuevo gobierno.
Parten de entender que “los despidos y cesantías promueven el disciplinamiento social hacia la clase trabajadora en su conjunto, provocan una significativa reducción de la asistencia pública a la ciudadanía, se enmarcan una lógica empresarial de recorte de personal bajo la idea de optimización de recursos y tienen un carácter estratégico según el organismo desmantelado”.
En este marco, sostienen que “las contradicciones latentes, entre consenso institucional, pragmatismo político y lógica empresarial eficientista pueden representar una dificultad práctica”. «La sub-ejecución de los presupuestos destinados a los programas y prestaciones de asistencia, combinada en varios casos con el despido de personal para llevarlas a cabo, genera incertidumbre a la hora de establecer la fisonomía política del gobierno de Mauricio Macri».
Afirma el OPPLeC que «la reducción de la planta pública, solo en la órbita de los 21 organismos nacionales y entes descentralizados, superan los 11.000 puestos de trabajo». A su vez la reducción del personal conlleva la falta de operatividad de equipos técnico-profesionales que garantizan cotidianamente el cumplimiento de los derechos.
Como ejemplo toman la experiencia de desmantelamiento del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, implementado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad (MTEySS). La prestación está dirigida a jóvenes entre 18 a 24 años sin empleo y sin estudios secundarios finalizados. De un equipo de 20 trabajadores y trabajadoras, se despidieron un total de 12 personas sin distinción de función, tarea, remuneración, antigüedad en el puesto, trayectoria académica, etc.
Esta reducción drástica tuvo su consecuencia directa: durante el primer trimestre de 2015 hubieron un total de 86.326 incorporaciones, mientras que en el mismo trimestre de 2016 el total de altas fue de apenas 2.438, produciéndose una caída del -97 %, según indicaron en su estudio.
El análisis publicado sugiere como conclusión un «carácter improvisado de la gestión del actual gobierno nacional» que intenta justificar la reducción de lo estatal y enfrenta una realidad socio-económica alarmante que se recrudece con la aplicación de sus propias medidas.