“Desde mediados de 2014 venimos reclamando la intervención del Estado en el conflicto porque son muchas las denuncias de afiliados por el constante accionar de GLIGNAC que denigra la actividad de los Controladores. Tenemos que terminar con estos supuestos empresarios que se aprovechan de la necesidad de los trabajadores”, expresó Leandro Nazarre, secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia (SUTCAPRA).
GLIGNAC SRL presta servicios de “control y admisión de personas y permanencia de clientes en locales, recintos o instalaciones abiertos a la concurrencia del público, donde se realicen actividades de entretenimiento, recreativas, eventos o espectáculos”, bajo el mando de Francisco Adrián Mandaradoni, verdadero controlante de la firma a pesar de estar ajeno a la estructura formal empresarial (no figurar en los “papeles”).
La empresa empleó a más de 180 trabajadores en relación de dependencia directa, y actualmente se ha desempañado en al menos seis localidades de la provincia de Buenos Aires, como por ejemplo Lobos, San Miguel del Monte, Ramos Mejía, Morón, San Miguel y Cañuelas, entre otras.
Según denunció el SUTCAPRA, la mencionada sociedad posee autorización vigente de funcionamiento otorgada por el Ministerio de Seguridad bonaerense pero “jamás cumplió requisito alguno por ante el RECAP (Registro Público de Controladores de Admisión y Permanencia)”. Al respecto, manifestó su preocupación dado que dicha sociedad presta servicios, generalmente, en fiestas electrónicas, bares y boliches de la provincia, “sin contar, siquiera, con requisitos mínimos de funcionamiento”.
Sólo entre abril de 2015 y marzo de 2016, GLIGNAC SRL (“M3”) presentó irregularidades en el pago de aportes a 77 trabajadores, situación que se profundizó principalmente desde el período 7/2015 en adelante, siendo algunos de los números que respaldan “el desenvolvimiento fraudulento, temerario y desinteresado” de la firma, aseguran desde el gremio.
El SUTCAPRA ya realizó presentaciones ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires que conduce Cristian Ritondo para que se “proceda verificar los extremos denunciados y se promuevan políticas a los efectos de sancionar y posteriormente, intentar ordenar las acciones concretas de la empresa”.
Asimismo, el sindicato de Controladores reclamó que se articulen los procedimientos previstos en Ley 26.940 de promoción del trabajo registrado y prevención del fraude laboral. Como así también se dispongan “mecanismos para el saneamiento de la situación de los trabajadores, dependientes de la empresa, en orden a la satisfacción de los créditos pendientes respecto de los aportes a los organismos de la seguridad social no cumplimentados por la denunciada”.