Dirigentes de cuatro gremios aeronáuticos (APA, APLA, UPSRA y UALA) impugnarán la semana próxima en la justicia la audiencia pública realizada para otorgar nuevas rutas aéreas, y denunciarán penalmente a funcionarios de Aerolíneas Argentinas por «incumplimiento de sus deberes y no defender la soberanía», a la vez que anunciaron un paro nacional con movilización para la primera semana de marzo próximo, cuando se realice una segunda audiencia pública.
En una conferencia de prensa realizada en el primer piso de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) que lidera Edgardo Llano -cuya conducción asumió un nuevo mandato-, los dirigentes de cuatro organizaciones sindicales vinculadas política e ideológicamente al kirchnerismo anunciaron acciones legales y una huelga para marzo.
Los dirigentes gremiales informaron que impugnarán ante la justicia la semana próxima la audiencia pública realizada en el Teatro de La Ribera, en el barrio porteño de La Boca, por haber incurrido en «varias anomalías jurídicas», e indicaron que luego de estudiar la exposición de los funcionarios de Aerolíneas Argentinas presentarán una denuncia penal contra la compañía y sus representantes por «incumplimiento de los deberes de funcionario público; no defender la soberanía y no oponerse a nuevas rutas».
Del mismo modo, adelantaron que las organizaciones sindicales paralizarán las tareas en todo el país la primera semana de marzo -en día a determinar- y convocarán a movilizaciones en ocasión de realizarse entonces la segunda audiencia pública aerocomercial.
En el encuentro con la prensa participaron, además de Llano -el dueño de casa-, Pablo Biro (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas), Gerardo Trucco (Unión de Aviadores de Líneas Aéreas) y Rubén Fernández (Unión del Personal Superior de Empresas Aerocomerciales), quienes rechazaron la audiencia pública del martes último ante «la falta de garantías y las irregularidades».
Los dirigentes gremiales resaltaron que cualquier nuevo operador aéreo deberá negociar con los sindicatos «el respeto y la vigencia de los convenios colectivos de trabajo», y rechazaron «la apertura indiscriminada de los cielos argentinos y la ausencia total de planificación previa e inversión en infraestructura».
Fernández denunció que el país «no está preparado para recibir en esas condiciones a nuevos operadores aéreos» y aseveró que «no hay aeropuertos suficientes, tecnología, control de tránsito y, por sobre todas las cosas, la escasez de combustible es mayúscula».
«De esa forma será imposible desarrollar y duplicar la actividad. No se pueden adoptar decisiones sobre la base del ensayo y error, porque en el sector eso significaría una tragedia. Las empresas con trayectoria deben competir en las mismas condiciones que el resto, volando a todos los destinos y rechazando las políticas aventureras que estafan a los pasajeros», puntualizó Fernández.
Biro rechazó «la entrega de la soberanía nacional», se opuso a «la política de liberalización del gobierno» y aseguró que el funcionario nacional Gustavo Lopetegui ejerce «gran influencia» en la estrategia aerocomercial, a la vez que negó que las compañías «low cost» generen empleo y explicó que «la concesión de rutas perjudicará a las empresas y al personal, incluyendo a LAN».
También reclamó la creación de una secretaría o subsecretaría de Aeronáutica y señaló que las firmas «low cost» son «un modelo de negocios que utilizan aeropuertos alternativos que en el país no existen, como no hay tampoco espacio físico para operar».
«Se pretende que lo hagan desde El Palomar, que es un aeródromo militar, carente de proveedores de servicios de handy y próximo a un depósito de explosivos. No se puede comenzar a operar en seis meses. Es imposible en ese tiempo realizar las obras», afirmó.
También negó que las firmas «low cost» ofrezcan «un servicio más barato» y dijo que solo es «más berreta», a la vez que indicó que esas empresas tienen poco éxito en Europa porque «el mantenimiento se realiza en lugares laxos, no instruyen a los pilotos, tienen sedes en paraísos fiscales y contratan trabajadores y auxiliares sin experiencia ni calidad, lo que lleva a la precarización».
Por último, aseguró que los gremios «no se oponen al desarrollo de la aviación sino a la falta de seriedad de la política oficial».
Para Trucco, el gobierno promueve el ingreso al país de «lo peor de la actividad, que solo es una pantalla de negocios, en lugar de cuidar a las aerolíneas del Estado y regular el sistema».