La Asociación Bancaria (AB) decidió un paro general de actividades para el 8 de julio en las entidades públicas y privadas y durante todo el horario de atención al público en demanda de «la inmediata reincorporación de los 36 trabajadores despedidos en la Caja Popular de Ahorros de Tucumán y la derogación del impuesto a las ganancias salarial».
El titular del gremio, Sergio Palazzo, anunció la medida de fuerza, decidida por unanimidad durante el Congreso Nacional Bancario y, previamente, el personal realizará asambleas sorpresivas, con interrupción de tareas, entre el 2 y el 7 de julio.
Palazzo clausuró el viernes el Congreso Nacional Bancario y ratificó «la continuidad y profundización del plan de lucha». El paro nacional del 8 de julio se realizará con concurrencia a los lugares de empleo y sin atención al público toda la jornada.
El secretario de Prensa, Eduardo Berrozpe afirmó que entre las diversas resoluciones adoptadas se destacaron «el reclamo de cumplimiento en todos sus términos de las condiciones laborales vigentes; el rechazo a las tercerizaciones y que los bancos se hagan cargo -hasta su derogación- del pago del impuesto a las ganancias, equiparando con las compensaciones a todos los bancarios con quienes ya las perciben, sobre todo en las entidades financieras públicas. Pero también en las privadas, en las que se materializan muchas veces en la adjudicación de diversos bienes o en el reconocimiento de gastos personales como propios de la empresa», dijo Berrozpe.
Los congresales denunciaron sobrecarga laboral en la actividad, ya que los bancos no contratan el personal necesario, e indicaron que uno de los factores de esa situación está relacionado con el trabajo con billetes de una denominación mayor (cien pesos) hoy insuficiente, obligando a recontar una cantidad inusual de moneda.
Al reclamar que una ley de servicios financieros los declare de carácter público, también demandaron la revisión de la normativa del Banco Central (BCRA), analizando con detenimiento «las relaciones técnicas exigibles a las entidades» financieras. «Gran cantidad de personal que vende medios de pago, servicios bancarios o instrumentos financieros lo hace bajo relación de dependencia en empresas autocalificadas como comerciales o de la economía social, aunque tienen por actividad principal la financiera. No respetan condiciones laborales ni se ajustan a las regulaciones que la ley y/o el Banco Central determinan», dijeron.
También señalaron que esa competencia desleal de grandes tiendas, todo tipo de comercializadoras -incluso vía internet o telefónica-, supermercados, cooperativas, mutuales, compañías financieras, receptorías de pago, administradoras de tarjetas de crédito o medios de pago, prestadoras de servicios u otras del circuito informal perjudica a la actividad económica productiva, a los trabajadores y a las propias entidades financieras.
Los congresales reclamaron una ley de servicios financieros que abarque a todos los sectores de la actividad y ubique a sus segmentos bajo la supervisión del Central, revisando la normativa de esa entidad con la participación de la Bancaria.