La comisión interna de los trabajadores de la planta Artes Gráficas Rioplatenses (AGR) del Grupo Clarín, denunció que existe un plan para desalojarlos de la imprenta con tropas de Gendarmería Nacional y «una patota de 100 barrabravas que actuarían en forma combinada».
El operativo, según la denuncia de los obreros, busca terminar con la ocupación de la planta gráfica que mantienen sus empleados desde hace 54 días, cuando se produjera el cierre premeditado por el multimedios.
El conflicto estalló cuando la empresa del holding, encabezado por Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto, despidió a sus trabajadores, quienes denunciaron una maniobra de vaciamiento de la planta que imprime la mayoría de las revistas del Grupo Clarín.
Poco después del inicio de la medida de fuerza, los trabajadores fueron filmados y espiados mediante falsos móviles de exteriores, presuntamente pertenecientes a medios televisivos, aunque en realidad se trataba de camionetas con miembros de la Policía Federal o de la Agencia Federal de Inteligencia que realizaban filmaciones e intercepciones de comunicaciones telefónicas. La intervención de los agentes de inteligencia con su despliegue técnico fue filmado y denunciado ante la Justicia. El caso cayó en manos del juez federal Ariel Lijo.
«En las primeras 24 horas del conflicto los trabajadores ya sufrimos una represión ilegal, sin orden judicial alguna, que dejo numerosos compañeros heridos de bala, como no pudieron recuperar la planta se jugaron a desgastar a los trabajadores y sus familias, como fracasaron nuevamente iniciaron una campaña de calumnias intentando mostrar a los obreros como vándalos, lo que hemos respondido mostrando a la opinión publica el estado impecable de la planta, ante un nuevo fracaso ahora preparar una nueva intentona represiva», denunció la interna en un comunicado.
Desde que los trabajadores fueron despedidos, y a pesar de los reclamos, el Ministerio de Trabajo nunca dictó la conciliación obligatoria para frenar las cesantías que, de acuerdo a las pruebas presentadas, son parte de un proceso de vaciamiento de la imprenta.
«Los trabajadores gráficos de AGR-Clarín hemos sido avisados por fuentes muy confiables, de que se está armando una patota de 100 barrabravas que actuarían en forma combinada con la gendarmería para producir un desalojo de los obreros que venimos reclamando contra el lockout patronal del Grupo Clarín», dice el texto de la denuncia, en el que también agregaron el audio de una persona que dice haber recibido la oferta de participar del desalojo por 900 pesos diarios.
La comisión interna de trabajadores de AGR-Clarín convocó a una conferencia de prensa hoy donde informarán los pasos a seguir para impedir el posible desalojo. Llamaron a la solidaridad de las organizaciones sindicales, de la prensa e hicieron responsables al presidente Mauricio Macri, a su ministra de Seguridad Patricia Burllich y al directorio del Grupo ante «cualquier tipo de provocación armada por los servicios de inteligencia, la Gendarmería y los barrabravas» denunciados.