En lo que se leyó casi como una amenaza a la cúpula sindical, el ministerio de Trabajo publicó la disposición 7-E/2017 mediante la cual se establecen una serie de recomendaciones para transparentar las elecciones gremiales, incorporando del voto electrónico, cumplimentando la ley del cupo femenino del 30% y rechazar que dirigentes que estén «inhibidos penal o civilmente» formen parte de las listas electorales de los gremios.
La resolución cita el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que habla del derecho de los trabajadores a «una organización sindical libre y democrática».
El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, punta de lanza de la movida, dijo en declaraciones a Radio Mitre que exigirá el cumplimiento de las recomendaciones por parte de los sindicatos.
«Hay algunos que desde la posición gremial han abusado de la conducta que les corresponde por ley y se han transformado en extorsionadores», sostuvo. Y amplió: «Tenemos que velar porque esas conductas extorsivas no existan más en la Argentina. Ni en los sindicatos, ni en las empresas, ni en la justicia, ni en la política».
La primera recomendación de la cartera laboral apunta directamente al sistema electoral de las organizaciones sindicales y sugiere implementar «un sistema de boleta electrónica, voto electrónico o similar».
Dice que si hubiera una «imposibilidad fáctica» de usar el voto electrónico, puede usarse la boleta única electrónica. Y agrega que «la instalación de estos sistemas está dirigida a la modernización de los sistemas utilizados por las entidades sindicales, y a evitar los fraudes que conllevarían a un menoscabo de los derechos electorales y la participación sindical».
Desde los gremios expresaron que ello sólo responde al gran nivel de desconocimiento del Gobierno de las organizaciones y de la realidad de los trabajadores de cada una de las actividades. Héctor Daer calificó de inviable en la mayoría de las actividades.
La segunda recomendación habla de un «análisis riguroso de la conformación de las listas de candidatos en relación al cupo femenino». Y señala que serviría para «posibilitar el pluralismo interno y en pos de una real y verdadera democracia sindical, que no discrimine por género y posibilite la participación de las trabajadoras en la vida institucional y representativa de los gremios».
En tercer lugar reclama «el control y rechazo efectivo de la integración de las listas con candidatos inhibidos en sede penal o civil», dice que esto obedece a un necesario «control de idoneidad» y recomienda «la necesaria recolección de los antecedentes civiles y penales de los candidatos» a ocupar cargos en cada gremio.
La resolución se publicó «casualmente» el mismo día que la CGT realizó el primer paro a la gestión de Mauricio Macri, luego de 15 meses de gobierno.
Más tarde, desde la conferencia de prensa que ofreció la CGT para evaluar el paro, el secretario de Comunicación de esa central obrera, Jorge Sola, cuando se le consultó sobre las recomendaciones prefirió no ajustarse a ese tema, pero sí consideró que «el ministro de Trabajo y el propio Presidente tienen que sobrevolar estas tensiones».
«Este tipo de declaraciones sobre mafias no mirando para el lado de donde él proviene, eso es abrir otra grieta», consideró en referencia a dichos del Presidente, que esta semana habló varias veces de «mafias» enquistadas en diferentes áreas del poder, al igual que sus ministros.
«Esto no es una extorsión pero sí tiene un fin político: queremos que cambie la política económica de este país. Pero no tiene fines electorales, sino haríamos un paro cada año por medio», concluyo Sola explicando los motivos del paro.