«Esas políticas habían transformado a la Argentina en un ejemplo mundial y en un baluarte de su defensa irrestricta. El fallo se enmarcó en la expresa política de la coalición gobernante, que procura borrar la memoria y tergiversar la verdad como estrategia para imponer idéntico plan económico al de (José) Martínez de Hoz durante la dictadura», puntualizó el documento sindical.
El espacio gremial que, entre otros sindicatos integran bancarios, molineros, pilotos, gráficos, lecheros, docentes privados, farmacia y televisión, aseveró que «no es casual que el fallo haya sido precedido por una campaña de desprestigio contra instituciones de derechos humanos a partir del debilitamiento y destrucción de esas áreas del Estado; la concesión de prisión domiciliaria a genocidas; la resurrección de la teoría de los dos demonios y posiciones negacionistas de los funcionarios».
«Los delitos de lesa humanidad de los genocidas -parte de un plan sistemático de terrorismo de Estado- son imprescriptibles y no pueden homologarse como delitos comunes, como lo tipifican de forma explícita los tratados internacionales firmados. La violación de esos preceptos socava el estado de derecho, debilita la democracia y es un peligroso retroceso republicano», afirmó.
La Corriente añadió también que los trabajadores fueron «las principales víctimas del genocidio y tienen vasta experiencia de lucha contra esos actos reaccionarios, ya que resistieron el indulto, el punto final, la ley de obediencia debida y otros intentos para sepultar la verdad y la memoria».
La CFT indicó que «la historia demostró que esa lucha permitió que la justicia prevaleciese»; se solidarizó con los organismos de derechos humanos y adelantó que iniciará «una batalla sin claudicaciones en rechazo de la impunidad, el olvido y la injusticia».