La ofensiva antisindical que se desató desde la justicia, con el impulso del Gobierno Nacional, parece no tener techo. A los graves hechos ocurridos en los últimos días, que incluyeron el encarcelamiento de dos dirigentes estatales de Río Negro y el procesamiento de cuatro delegados de la Línea 60, se le suma otra impuntación. Esta vez en Mendoza.
La semana pasada fueron notificados del intento de imputación judicial los legisladores del Frente de Izquierda Víctor da Vila, Héctor Fresina y Lautaro Jiménez. Y en la jornada de ayer, por la misma causa, fueron imputados los dirigentes sindicales Guillermo “Polo” Martinez Agüero (CTA), Raquel Blas yJorge Chávez (ATE), también el asesor del PTS en el senado Enrique Jasib y Jony Neiras.
El gobierno mendocino los acusa del “delito”, casi absurdo, de realizar una concentración, marcha y acto el día del paro general convocado por la CGT a nivel nacional el pasado 6 de abril.
Si esta medida prospera, la legislatura deberá revocar los fueros de los parlamentarios consumando un régimen de “excepción jurídica” a criterio de gobierno, en un hecho de suma gravedad, que da al poder político una herramienta de persecución política y violación de los derechos democráticos.
Sienta a su vez un peligroso precedente contra el derecho a la protesta en todo el país y representa un ataque al conjunto a las libertades democráticas, en particular de los trabajadores y a su respuesta organizada contra las medidas de ajuste, aún más en el marco de un paro nacional. La imputación a la dirigente de la CTA Mendoza, Raquel Blas, es especialmente una “caza de brujas” en este sentido.