«Es la segunda suspensión que realiza el Ministerio de Trabajo, en una actitud irresponsable, pero la Junta Electoral se reunió y decidió que las elecciones se hacen», dijo a Télam el secretario general del Soeail, Rafael Vargas y anticipó que recurrirán la resolución y posibles denuncias penales.
Según informó Vargas cerca de las 19.30 el veedor del Centros de Estudios Legales y Sociales (Cels) en esta elección sindical, Diego Morales, «el recuento aún no concluyó pero da hasta ahora una participación del orden del 53 por ciento del padrón y hay escribanos certificando cada una de las urnas».
Postulado para la reelección por la lista Gris, Vargas había valorado más temprano el hecho de que estuvieran «votando normalmente en las mesas, aun sabiendo que se bajaron las listas Verde y Roja», dos de las tres postulaciones oficializadas.
La votación se desarrolló afuera de la empresa ya que «no permitieron el ingreso de los presidentes de mesa y fiscales, cuando antes se hacía en lugares mixtos, con el argumento de que si el Ministerio no avalaba las elecciones ellos tampoco lo iban a hacer», señaló Vargas.
Por su parte, el director de Asuntos Institucionales de la empresa Ledesma, Eduardo Nougués, afirmó que «el conflicto dentro del sindicato azucarero surgió como consecuencia de una interna de su anterior Comisión Directiva» y, en una comunicación vía mail, dijo esperar que la situación «se resuelva cuanto antes».
“Hubo irregularidades en la conformación de la Junta Electoral que debía controlar las elecciones en el gremio y esto fue denunciado por dos trabajadores que ocuparon cargos en la anterior Comisión Directiva. Acusaron al señor Vargas, ex secretario general del sindicato, de atentar contra la libertad y la democracia sindical. Es un tema en el que la empresa no participa ya que debe ser resuelto de acuerdo a las normas que regulan la actividad gremial”, aseveró Nougués.
Desde una óptica diferente, el Cels advirtió que la resolución ministerial de suspender por segunda vez la votación podría ser la antesala de una intervención a la organización gremial del mayor ingenio azucarero del país y «ocurre en un contexto de criminalización de la protesta y de la organización social en la provincia».
Según informó el Soeail, el padrón de afiliados habilitados para votar era de 3.330 trabajadores y observaron la elección veedores externos, entre ellos cuatro diputados provinciales y representantes del Cels y la asociación de derechos humanos del noroeste argentino Andhes, entre otros organismos.
Sobre la resolución ministerial, Vargas sostuvo que «siguen amparándose en la primera decisión y refuerzan mucho la idea de una desobediencia a los argumentos de la primera suspensión» de las elecciones que habían sido convocadas para el 14 de junio último.
A su vez, el abogado Horacio Meguira, del Soeail y la CTA Autónoma, calificó a la resolución ministerial como «un acto de afilado autoritarismo que no tiene nada que ver con el principio de legalidad».
Tras la primera suspensión de las elecciones, una asamblea extraordinaria del Soeail a la que asistieron unos 550 trabajadores resolvió a fines de junio realizar la votación y continuar en estado de alerta con «permanencia pacífica» en la sede sindical ante la posibilidad de una intervención.
Esa asamblea ratificó además a la Junta Electoral por 528 votos a 15 y la prórroga del mandato de la Comisión Directiva por 536 votos a 7, entre otros puntos, explicó Vargas y recordó que la voluntad de los asambleístas quedó reflejada en un acta firmada ante una escribana pública por los apoderados y los candidatos a secretario general de las tres listas oficializadas, dos de las cuales desistieron hoy finalmente de participar de la votación.