La conferencia se realizará hoy a las 12,30 horas en la Sala 2 del segundo piso del Anexo A de la Cámara baja, donde informarán «detalladamente sobre todas las gestiones y pedidos que se realizaron frente a la Justicia y el Ministerio de Trabajo que fueron desoídos durante semanas y desembocaron en la brutal represión de hoy», expresaron a través de un comunicado de prensa.
«Explicaremos como tanto el Fiscal como la Jueza Mentasty incumplieron con toda la legalidad para imponer un desalojo con un argumento insólito de que este tenía que hacerse ‘usando la fuerza pública’ y solicitando que sea de noche, con el supuesto fin de evitar que los trabajadores generen ‘contaminación'», agregaron.
En ese sentido, precisaron que «es la primera vez que se conoce un hecho así: un fiscal que usa la represión violenta contra obreros para supuestamente defenderlos, de una contaminación que habría generado la propia empresa».
«Por otro lado, esto no los llevó a hacer ninguna denuncia contra los directivos, sino movilizar a cientos de efectivos contra los trabajadores», lamentaron.
«También explicaremos junto con nuestros abogados sobre la ilegalidad de la empresa al incurrir en lock out ofensivo, un delito penal que la Jueza y el Fiscal y el propio Ministerio de Trabajo dejaron correr pese a las denuncias realizadas», continúa el comunicado.
Para los trabajadores, «esto es así porque el cierre de la empresa se hizo incluso antes de la apertura del propio Procedimiento Preventivo de Crisis cuando la ley establece claramente que no se pueden cambiar las condiciones de trabajo mientras se intenta tramitar un procedimiento así».
«Este Procedimiento, llevado adelante en el Ministerio de Trabajo de la Nación fue uno de los más fraudulentos de la historia del país, ya que la empresa no adujo crisis alguna, incluso ofreció indemnizaciones al 200 por ciento y no presentó ningún plan ‘Preventivo’ para dar alguna continuidad al funcionamiento de la planta», evaluaron.
«Por eso la represión se basó en la ilegalidad más abierta mientras que funcionarios, la jueza y el fiscal permitían que la empresa se manejara con total impunidad», agregaron.
Dijeron también que «además de esto la empresa realizó durante estas semanas una verdadera burla contra el pueblo y los trabajadores: dijo que cerraba por el peligro de contaminación y de logística».
«Es decir que echaba a 600 familias y las dejaban en la calle supuestamente por la falta de inversión en obras mínimas de infraestructura», relataron.
«Luego importó papas fritas de Chile mostrando que no había ningún problema logístico, trayendo productos terminados del exterior cuando tiene una planta en condiciones de producir a dos kilómetros de Capital Federal», concluyeron.
Por último, indicaron: «Los trabajadores de PepsiCo ya votamos en asamblea la convocatoria a una reunión de solidaridad para este sábado, convocando a todas las organizaciones que apoyen esta lucha, a todos los sindicatos y organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos para organizar nuevas acciones de lucha para conseguir que nuestros puestos de trabajo no sean destruidos.»