El jueves se publicó la Resolución 760 y su anexo I de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) dependiente del Ministerio de Trabajo por la cual se obliga a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), Empleadores Autoasegurados (E.A.) y a las A.R.T. Mutual a registrar con nombre y CUIT a los abogados que interpongan planteos judiciales que busquen declarar la inconstitucionalidad de la ley 27348 que instauró el nuevo sistema de riesgos del trabajo.
En este marco, desde el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal manifestaron «su honda preocupación» y además remarcaron que la norma no «específica la pretensa utilidad del registro que instaura, dado que una mera recopilación de datos no sólo no sirve al análisis de problemática alguna sobre el sistema sino que manifiesta, en modo evidente, el conocimiento acabado por parte del Ministerio de los profesionales y jueces que se pronuncien en contra de la normativa impuesta a través de la ley 27.348, menoscabando así el derecho de los profesionales a ejercer libremente su profesión».
De este modo, con esta Resolución se impide la no «injerencia del Estado» en el ámbito judicial, sino que también se habilita «la conversión de éste en un ente vigilante que no sólo amenaza la libertad de trabajar de los colegas sino también la de los trabajadores que acuden ante la Justicia en amparo de sus derechos y de los mismos magistrados al dictar sus sentencias conforme a Derecho».
Desde el Colegio Público de Abogados porteño denunciaron que esta Resolución «violenta prima facie el art. 14 y 14 bis de la Constitución Nacional, la ley 25.326 y 23.187 así como de todos los tratados suscriptos por la República Argentina en materia de Derechos Humanos».
En este marco, como su «obligación es la salvaguarda de los principios constitucionales, la defensa irrestricta de los profesionales de nuestra matrícula y del Estado de Derecho, exhortamos al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación a dejar sin efecto la Resolución 760/2017 y su Anexo I y a evitar, en lo sucesivo, el dictado de normas atentatorias al orden constitucional y que apuntan a cercenar los derechos de los más vulnerables como lo es el colectivo de los trabajadores».