El Sindicato de Obreros Municipales Unidos (SOMU) sumó otro capítulo a su ya abultada novela judicial. Sucede que luego de que Rodolfo Canicoba Corral pidiera la captura de Mario Morato, hoy número uno del gremio, por no ir a declarar, desde la defensa del gremialista salieron duro con una presentación que repasa las decisiones del magistrado y su tinte político.
«Me permito entonces remarcar, sucintamente, los motivos por los cuales esta parte considera que Vuestra Señoría adolece de la imparcialidad y neutralidad requerida para actuar en este proceso como magistrado», abre el escrito al que accedió en exclusiva InfoGremiales.
Según expresa la defensa de Morato hay un infundado perjuicio «a partir de la fecha en que, sin ningún motivo validante, ese magistrado dispuso convocar a Morato a prestar declaración indagatoria y, luego, a ordenar a su respecto a una incausada detención, para privársele luego el derecho a gozar del beneficio de eximición de prisión que fuera requerido a su favor».
Para el abogado defensor «basta analizar el contenido de las decisiones adoptadas por Canicoba» cada vez que los integrantes de los órganos directivos -tanto del SOMU como de la OSPM- articulamos en nuestra condición de tales y el magistrado manifestó «su férrea voluntad contraria a los derechos invocados por los trabajadores».
El letrado explica que el accionar del Juez Federal en el caso se comprueba en «el hecho de que, a dieciocho meses de haberse dispuesto la intervención del SOMU, al día de la fecha no existe ninguna razón seria para inferir que las reiteradamente anunciadas elecciones del gremio efectivamente puedan ser llevadas a cabo en el plazo que recientemente la Excma. Cámara le fijó para que la intervención de dicho Sindicato cese».
Desde la defensa de Morato argumentan que «desde agosto del año pasado el Dr. Canicoba Corral viene guiando, anodinamente por cierto, el trámite vinculado a la intervención del SOMU, sin lograr que se avance concretamente hacia la culminación de dicha medida y, separadamente, a que los trabajadores marítimos puedan elegir, como marca la ley 23.551 a sus futuras autoridades».
Además acusan a Canicoba de direccionar falsas imputaciones respecto de dirigentes sindicales cuyo accionar en defensa de los derechos de los trabajadores fue calificado como “posibles delitos de acción pública”. La imputación fue descartada por el tribunal superior que justificó el accionar de los dirigentes en pos de defender los derechos de los afiliados.
Recuerdan que el informe del actual interventor tampoco ofrece fundamento alguno para vincular a Morato con los hechos ventilados en la causa que investiga, en la medida en que la única alusión que allí existe se refiere al cargo que desempeñó, sin que se lo vincule con los hechos investigados.
Asimismo, el gremialista recuerda que «en el dictamen 250/2016 emitido por el Consejo de la Magistratura de la Nación, consta que Canicoba ha reconocido que la persona designada como interventor judicial de la Obra Social» es precisamente cuñado del magistrado recusado. «Si se tiene en cuenta que las autoridades de las obras sociales en la Argentina son designadas por los Sindicatos del ramo al que aquellas pertecenen, hallaremos una posible respuesta al interrogante sobre los motivos por los cuales Canicoba mantiene ad eternum la intervención del SOMU», advierten.
«Interviniendo el SOMU, impidiendo que se realicen elecciones en su seno, logra el objetivo central que persigue, cual es obtener un beneficio para su cuñado interventor, y, por su intermedio, obtener alguna inconfesable utilidad de dicha “gestión” familiar», dispararon en el escrito.
Por último, desde la defensa denunciaron que «la sucesión de actos procesales a través de los cuales se ha confiado el destino de un gremio de trabajadores a la voluntad y el arbitrio de las autoridades políticas del Gobierno Nacional».