Los 173 trabajadores que podrían quedarse en la calle si se concreta el cierre de la fábrica Nicoll, ubicada en La Tablada, resisten el Procedimiento Preventivo de Crisis que la empresa inició el 5 de septiembre ante el Ministerio de Trabajo nacional y que sería una vía de salida sumamente desfavorable.
A pesar de que ya pasaron 15 días, ningún representante de la firma, que pertenece a la multinacional Aliaxis, les comunicó que están a punto de quedar desempleados, como pretende la firma al alegar pérdidas por 83.266.411 pesos solo en el primer semestre de este año.
Mauricio Noguera, uno de los delegados de los trabajadores, explicó: “Lo único que sabemos, lo sabemos por el gremio, que fue notificado por el Ministerio de Trabajo, pero la empresa no vino a poner la cara. Tampoco está definido cómo se va a proceder al cierre”, le dijo al portal El1Digital.
Hoy, la actividad de la firma, que se dedica a fabricar tubos de plástico y accesorios de PVC, está virtualmente paralizada: solo funcionan algunas inyectoras y hay despachos mínimos de logística. No es por falta de trabajo, sino porque los empleados se mantienen en alerta ante el eventual cierre de la planta ubicada en Peribebuy 1.492.
De acuerdo al documento que la firma presentó en el Ministerio de Trabajo nacional el 5 de septiembre, y al que este medio tuvo acceso, Nicoll asegura que, pese a la reducción de gastos y el aumento de las inversiones y la productividad, en los primeros seis meses de este año, registraron pérdidas por 83.266.411 pesos, 1.770 por ciento más altas de lo proyectado a comienzos de 2017.
En ese marco, la compañía informó a la cartera laboral que, al 30 de junio, se acumuló un patrimonio neto negativo de 78.191.644 pesos, lo que se encuadraría en el artículo 94 inciso 5 de la Ley General de Sociedades, es decir, en causal de disolución por pérdida de capital social, según alegan sus representantes.
“Frente a este escenario, y ante el fracaso de los constantes esfuerzos realizados en los últimos años para revertir la situación financiera de la sociedad, no queda otra alternativa que solicitar la apertura de este Procedimiento Preventivo de Crisis con el objeto de realizar el cierre de su planta y proceder a la debida desvinculación de la totalidad del personal”, concluye la presentación realizada en el Ministerio.
Si ese proceso prospera, “la empresa estaría habilitada a pagar el 50 por ciento de cada indemnización”, advirtió Enrique Bracalenti, integrante de la comisión directiva del gremio del Plástico a nivel nacional, quien viene acompañando el reclamo de los trabajadores. “Rechazamos totalmente esa posibilidad, porque este es un riesgo empresario y no un problema productivo real. Se van porque toman la decisión política de irse”, aseguró.