En una muy ajustada sincronía con la decisión del Gobierno de intervenir la Uocra La Plata, la fiscal federal de Quilmes, Silvia Cavallo, denunció por extorsión al líder de esa seccional, Juan Pablo “Pata” Medina. Cavallo pidió también al juez federal de esa ciudad, Luis Armella, una serie de pruebas sobre un tiroteo y presiones de “Pata” Medina, que obligaron al retraso de las obras de la estación del ferrocarril Roca, en la estación Pereyra, y un enorme perjuicio para los vecinos de la zona.
La semana pasada, en Bahía Blanca, la gobernadora María Eugenia Vidal había calificado de “mafiosa” a la sucursal La Plata de la UOCRA. Consecuentemente, el Ministerio de Trabajo bonaerense no convalidó un acuerdo salarial entre la UOCRA del “Pata” Medina y la empresa Coninsa para aumentar el costo de la reconstrucción de la estación Pereyra, a fin de adecuarla al ferrocarril eléctrico.
Más tarde, Medina dificultó e impidió la visita del jefe de Gabinete de Nación, Marcos Peña, a las obras hidráulicas de la capital bonaerenses y a partir de este hecho, el gobierno nacional empezó a estudiar si corresponde intervenir a la UOCRA de La Plata. Fue una respuesta de Medina porque el juez de Garantías, Pablo Massi, ordenó a la fiscal Ana Medina el inmediato cumplimiento de desalojo de la toma de cinco obras de edificios por parte de la UOCRA
La denuncia por extorsión contra Medina se abrió por una causa abierta por una agrupación llamada “Vecinos Autoconvocados de Hudson” ante el Armella por los retrasos en la reforma de la estación que les impide tomar el tren.
En una audiencia ante el juez, representantes del Ministerio de Transporte de la Nación manifestaron que “las obras de la Estación Pereyra de la Línea Roca se encontraban paralizadas a resultas de un conflicto gremial entre dos sedes de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) –Quilmes y La Plata- que se disputaban los trabajos para los cuales fue contratada la empresa constructora Coninsa SA».
Canisa hizo, entonces, una denuncia penal porque hubo “un intercambio de disparos entre estas dos facciones gremiales”, pero luego llegaron a un acuerdo para la realización de las obras.
En la audiencia ante el juez Armella, los representantes del gobierno nacional manifestaron que la UOCRA informó recientemente a la empresa constructora que “los costos de las obras a realizar en dicha estación habían sido incrementados” y que se debía incluir un gasto extraordinario.
Por su parte, representantes del Ministerio de Trabajo bonaerense que se encontraba presentes en la audiencia manifestaron que el acuerdo realizado entre las sedes de La Plata y Quilmes de la UOCRA debía ser homologado y autorizado por la UOCRA central de Capital Federal, ya que de lo contrario “no tendría validez alguna y podría ser inconveniente a futuro”.
Antes esta situación, la fiscal pidió al juez que se investigue en autos las supuestas «indebidas exigencias dinerarias reclamadas al Estado Nacional –Ministerio de Transporte- por parte de las sedes Quilmes y La Plata de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y eventualmente por la empresa constructora Coninsa SA (encargada de la construcción de los andenes de la Estación Pereyra)”.