La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud bonaerense (Cicop) rechazó la implementación de la iniciativa oficial ‘Cobertura Universal de Salud’ (CUS), entre otros motivos por oponerse a «la salud pública», según precisó, y el acuerdo en ese sentido entre la CGT y el gobierno nacional.
También afirmó la Cicop que «no existen perspectivas favorables para la expansión de un sistema de contención necesario para velar por el derecho a la salud» y criticó «la propuesta política de aseguramiento y estratificación de la población según su capacidad de aporte, ofreciendo mejores prestaciones para quienes tienen posibilidades de pago», informó el gremio.
La organización sindical criticó que en «un marcado tono electoralista» el gobierno haya entregado hace poco «las credenciales» respectivas a 120.000 personas en Mendoza, y explicó que la iniciativa oficial fragmenta aún más el actual sistema de salud, porque habilita mecanismos de «arancelamiento y privatización».
«El intento, basado en los documentos de los organismos financieros internacionales, ya fue desarrollado en países como Colombia, Chile y México y tuvo resultados alejados del concepto de la salud como derecho. Es además llevado a su valoración como bien de mercado», puntualizó la Cicop en un documento de prensa.
En ese sentido, la organización gremial cuestionó el acuerdo alcanzado entre el gobierno y la CGT para coadyuvar a detener «la evolución de las acciones y actividades de rechazo realizadas hace poco más de un mes», y sostuvo que la iniciativa fue promovida por un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), firmado en 2016 por el presidente Mauricio Macri y el ministro de Salud, Jorge Lemus, y contiene «una distribución de fondos que contempla entre sus destinatarios principales las arcas de las obras sociales sindicales».
«En buena medida, por ello se paralizaron las protestas cegetistas en tiempo preelectoral. Y ello permitió a la vez que desde los medios de comunicación aliados históricamente al poder se planteasen propuestas de reformas laboral, previsional e impositiva, incluyendo la de la salud en el marco de ese esquema», afirmó.
La Cicop se pronunció por «una salud pública con mejores condiciones para los trabajadores y la población en general» y aseguró que continuará bregando por «la universalidad, gratuidad y calidad del sistema de atención», a la vez que adelantó que se opondrá a «la modificación estructural de la salud pública que, aun con deficiencias generadas por las políticas y los presupuestos, ofrece respuestas equitativas a los ciudadanos».
«Se resistirá el intento de nuevo esquema oficial, así como en los ’90 se luchó en rechazo de la implementación de la autogestión y de las privatizaciones en el área de la salud», puntualizó el documento.
Hace pocos días, la Cicop y la Federación del sector (Fesprosa) participaron en el Aula Magna de la Facultad de Medicina en una exposición del viceministro de Salud Adolfo Rubinstein, quien defendió el CUS.
«Las explicaciones favorables a ese plan no convencieron a dirigentes gremiales, estudiantes ni graduados de ciencias médicas. El proyecto es una estrategia de seguro de pobres y canasta básica impulsada por el Banco Mundial (BM) como alternativa a los fracasados planes focales de la década del ’90», aseveraron las entidades.
Los gremios indicaron que la CUS fue votada por los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner en las Organizaciones Mundial de la Salud (OMS) y de las Naciones Unidas (ONU) y, el proyecto, procura que las familias «no caigan en la miseria por los gastos de salud, aunque el gasto privado y de bolsillo se disparó en los países en los que se aplicó: Perú tiene el 40 por ciento de gasto privado y, de ese guarismo, el 73 por ciento representa el de bolsillo; México tiene 50 y 92, respectivamente; entre 2003 y 2014 el gasto privado y de bolsillo creció en Colombia un 35 por ciento y cerraron 20 hospitales públicos, porque solo los sistemas universales tienen gasto privado bajo, como Japón e Inglaterra, un 16 por ciento, por ejemplo», añadió.
«Hay 8.000 millones de pesos que continúan depositados en el Banco de la Nación Argentina (BNA). La base de la CUS, el Sumar, prevé solo 2.200 millones en el presupuesto 2018 (40 pesos mensuales por beneficiario). No tocar el anárquico y oneroso sistema de obras sociales es conducir al fracaso a una reforma progresiva. Lemus no quiere debatir la CUS ni las condiciones de trabajo y, además, es desastrosa la precarización de los comunitarios, la presunta base de la atención personalizada y continua de la iniciativa. La Cicop propuso reducir el gasto de bolsillo con remedios esenciales fabricados públicamente y entregados de modo gratuito», concluyó el documento de la organización sindical.