Con la detención del referente de la UOCRA – La Plata, Juan Pablo «Pata» Medina, y con la lupa puesta sobre la conducción de algunas seccionales de la entidad gremial, el eterno conductor de la UOCRA a nivel nacional, Gerardo Martinez, transita sus días con cierto grado de nerviosismo.
Con la presión de una olla a punto de destaparse, el ex integrante del Batallón 601 mira de reojo la provincia de Tucumán, donde sectores del Periodismo, la Justicia y la oposición política provincial concentran sus esfuerzos en avanzar sobre las investigaciones que se están llevando a cabo, por presuntas irregularidades en torno al funcionamiento del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano.
Si bien, el conflicto podría resolverse como una cuestión meramente provincial, el hecho de que el ex presidente del Consejo Nacional de Vivienda, durante tres mandatos consecutivos, Gustavo Durán Borelli, siga como Interventor al frente del cuestionado organismo habitacional provincial, es algo que pone en vilo al histórico gremialista de la construcción, el cual pese a estrechar sus vínculos con el Gobierno Nacional, pareciera hoy no llegar a conciliar el sueño.
Para entender el temor del dirigente sindical ex filo kirchnerista, devenido hoy en aliado del macrismo, hay que retrotraerse a la “Década Ganada”. Es que durante el Gobierno de Néstor Kirchner, se firmaría un convenio en el cual se establecería que a los trabajadores de la UOCRA, les correspondería hasta un 10 % de todas las viviendas que se construyeran en la órbita de los planes de viviendas federales financiados con fondos nacionales. El anuncio y la firma del convenio, que se traducía por entonces en una luz de esperanza para los obreros de la construcción que soñaban con el techo propio, en algunos casos se fue convirtiendo, en un objetivo prácticamente inalcanzable para los afiliados que atestiguaron el uso discrecional del mismo, por parte de los jerarcas locales del gremio de la construcción.
Desde la entrada en vigencia del convenio, que se aplicaría de manera dispar en las jurisdicciones de las diferentes seccionales de la UOCRA, surgirían a instancias judiciales y mediáticas, algunas denuncias en las cuales se advertiría sobre el uso del «Cupo UOCRA» para fines poco genuinos, que nada tendrían que ver con el beneficio de los trabajadores afiliados.
Entre las irregularidades más leves, por ejemplo, se ubicarían las acusaciones al influyente Secretario de Organización de la UOCRA Seccional Ushuaia, Pastor Aguilar, quien habría direccionado parcialmente la adjudicación del Cupo Uocra en beneficio de familiares directos y personas que ni siquiera son trabajadores de la construcción, según precisaron en el portal GremialesDelSur.com.ar, el 26 de mayo pasado, y en el portal TiempoFueguino.com, el 30 del mismo mes.
Recientemente, el periodista Indalecio Sánchez, del influyente diario norteño, La Gaceta, acaba de publicar una columna de opinión en la cual indaga sobre la los fines con que, en la provincia de Tucumán, se habría utilizado el cupo de viviendas correspondiente a la entidad gremial, durante la gestión de, Adrián Santillán, el ex Secretario General de la UOCRA Tucumán durante 22 años ininterrumpidos.
Si bien, tras una larga transición después de ser derrotado en las urnas, Santillán abandonó su cargo el pasado 21 de Abril, durante el último tramo de su gestión debió afrontar diferentes procesos judiciales abiertos por dirigentes de la entonces oposición sindical. Antonio Cortés, quien por entonces era el referente de la UOCRA disidente, llegó incluso a elevar denuncias contra Santillán y el resto las autoridades salientes, por la presunta venta de adjudicaciones de viviendas del cupo UOCRA.
“Hemos pedido un informe sobre el cupo y hace cinco no se le da a nadie, no se hizo un padrón y hay denuncias que ellos cobraban para anotar a los compañeros” señalaba Cortés en declaraciones a la prensa el año pasado. Si bien las denuncias, habrían llegado al escritorio del referente de la UOCRA a nivel nacional, Gerardo Martínez, el ex Servicio optó por permanecer inconmovible.
Para los implicados, la situación promete empeorar con el curso del escándalo en torno al Instituto de Vivienda de Tucumán. Es que la semana pasada, el Gobernador Juan Manzur, optó por echar al Coordinador de Políticas Habitacionales de la repartición, Miguel Jiménez Augier, un alto funcionario cercano al ex Gobernador y actual Senador Nacional, José Alperovich, denunciado por la presunta venta de adjudicaciones de casas, y que debe comparecer ante la justicia para justificar su desmesurado crecimiento patrimonial.
Mientras sin prisa y sin pausa, la justicia toma cartas en el asunto, Martinez apela a despegarse del «Pata» Medina y apuesta a profundizar su estrecho vínculo con el Gobierno Nacional, no vaya a ser cosa que alguien prenda el ventilador y los perdigones lleguen hasta la cúpula nacional de la UOCRA.