«La ATE y sus jubilados denuncian la privatización del PAMI y la existencia de un conflicto de intereses a partir de la Resolución 956/17 de la intervención, que creó esa Fundación y avanzó en una reforma estructural, en abierta violación de la ley vigente y de la propia Constitución, lo que afecta su modelo prestacional, su organización laboral, su encuadramiento sindical y, en especial, la calidad de las prestaciones», puntualizaron.
Hugo Godoy, titular nacional del gremio, sostuvo que el propio Estado a través de esa intervención desconoce «la naturaleza de persona pública no estatal del instituto, dispone y arriesga su patrimonio, la organización administrativa y laboral -como si fuese propio- y adopta decisiones que exceden sus facultades, en desmedro de sus legítimos administradores (jubilados y trabajadores), lo que es nulo de nulidad absoluta».
También sostuvo que en «la ciudad entrerriana de Gualeguaychú se celebró un acuerdo prestacional para atender a los jubilados a través de una prestadora privada (Nativus S.R.L.), fundada por la intervención del PAMI», y afirmó que con esas medidas «se avanza hacia una privatización encubierta de los servicios a través de una intervención de facto que tiene un claro conflicto de intereses, desnaturalizando sus funciones en detrimento del derecho humano a la salud de sus beneficiarios, los jubilados y pensionados».
Godoy reclamó «el inmediato cese de la Intervención, de las medidas inconsultas que privatizan sus servicios y arriesgan su patrimonio y su normalización -conforme el artículo 14 bis de la Constitución Nacional- a través de jubilados y trabajadores, quienes deben ser elegidos de forma directa y democrática y con la participación del Estado», concluyó.