La Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) aceptó un dictamen fiscal y cerró, por inexistencia de delito, una causa penal contra gremialistas que tomaron una sede de la Unidad de Acción Integral (UDAI) de la Anses en General Roca, en protesta por el despido de una empleada.
Fuentes judiciales confirmaron que el fiscal federal de General Roca había apelado el sobreseimiento dispuesto por un tribunal de esa localidad a favor de Orlando Javier Carriqueo, Luciano Ezequiel Pedraza Viñuela y Nahuel Neftali Micheli, pero el fiscal federal de la CFCP, Javier De Luca, desistió del recurso.
El hecho que originó la causa penal se registró el 22 de febrero de 2017, cuando unos 20 manifestantes identificados con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y de ex caja de Subsidios Familiares para el personal de la Industria (Secafpi) decidieron ingresar al edificio ubicado en La Pampa al 1400 de esa ciudad para reclamar la reincorporación de la despedida.
Una vez en el interior, los agremiados de ATE «cortaron la luz tras bajar los interruptores del tablero eléctrico y permanecieron en el hall» e impidieron trabajar a los otros empleados hasta las 13.30 del día siguiente, cuando, luego de llegar a un acuerdo con las autoridades de la Anses, abandonaron la sede de la UDAI.
La Policía Federal, con orden judicial, constató que el edificio estaba en «buen estado general» y «sin daños visibles», pero se hizo constar que durante la ocupación se había amenazado a las autoridades de Anses al manifestarles que «no iban a cesar su actividad hasta que se cumpla con los pedidos que realizaban».
En primera instancia el juez federal de General Roca procesó a Carriqueo, Pedraza Viñuela y Micheli, por los delitos de usurpación y coacción agravada, pero la Cámara del fuero revocó esa medida, lo que fue apelado por el fiscal con asiento en esa ciudad, lo que no contó la adhesión de De Luca.
El representante del Ministerio Público ante la CFCP coincidió con la Cámara de General Roca, que sostuvo que las conductas analizadas no habilitaban la intervención del derecho penal, «pues se trató de conflictos en el ámbito de relaciones de trabajo» y «diferencias entre empleadores y trabajadores».
Según el fallo que ordenó los sobreseimientos «toda disputa entre trabajadores y empleadores habilita diversas vías de acción: asambleas, movilizaciones, quitas de colaboración, paros o huelgas, cortes o bloqueos e, incluso, ocupaciones de establecimientos».
Agregó: «Estas medidas conllevan -en la mayoría de los casos- una dosis de perjuicio o incluso el tránsito por alguna situación de violencia moral», pero aclaró que «no es el derecho penal el llamado a resolver estas contiendas en la medida en que no excedan de lo razonable ni pongan en peligro o lesionen bienes jurídicos ajenos al conflicto».
«Se desprende de todo lo dicho –expuso De Luca en su dictamen- que la intensidad o gravedad de las lesiones a los bienes jurídicos protegidos por las figuras penales fue de escasa entidad y que el tiempo en que esos lesiones duraron fue menor».
Para el fiscal de la CFCP «los males causados fueron menores y temporales en comparación a lo que en ese momento se vivenció como un mal mayor, inminente y definitivo que se trató y logró evitar o reparar».
De Luca resaltó que «no hubo daños en el inmueble, ni en el mobiliario que había en él, ni tampoco violencia en las personas» y «la situación finalmente se resolvió mediante el acuerdo de ambas partes en conflicto».
La Sala I de la CFCP concluyó, entonces que, como De Luca no adhirió a la apelación, correspondía tener por «desistido» el recurso, con lo que quedaron firmes los sobresimientos.
El fallo de la Sala I de la CFCP fue firmado por los camaristas Eduardo Riggi y Liliana Catucci.