La agrupación rechazó «los profundos cambios estructurales pretendidos”, porque beneficiarán de forma exclusiva a «los sectores empresarios» y representan «un verdadero retroceso de casi cien años», aseguró la organización.
La conducción del gremio, que agrupa a los profesionales y médicos de los 80 hospitales bonaerenses, municipales y centros de salud, sostuvo que la iniciativa oficial es «una verdadera contrarreforma que se complementa con la profundización del ajuste en las provincias a través del nuevo pacto fiscal, la llamada modernización del Estado y las reformas educativa y sanitaria (CUS)», indicó hoy un documento de prensa.
«Se trata de una nueva y cualitativa transferencia de recursos hacia las corporaciones, los sectores de la economía concentrada y los organismos financieros externos. Las reformas laboral, previsional y tributaria son un paquete legislativo único. Los falaces argumentos de reducción del costo laboral patronal, de creación de empleo y cese de la industria del juicio solo abaratarán los despidos, fomentarán la precarización y las tercerizaciones, liquidarán el fuero laboral y arrasarán las conquistas históricas de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y los convenios colectivos», puntualizó el sindicato.
Para la Cicop, que conducen Fernando Corsiglia y Martha Márquez, ello representa «un retroceso laboral de casi un siglo», en tanto criticó al triunvirato de la CGT porque negoció «la iniciativa definitiva sin la menor consulta a los trabajadores» que representa.
Los dirigentes calificaron el proyecto como «globalmente regresivo y reaccionario» porque modifica «la base de cálculo indemnizatorio, reduce su monto de forma cualitativa y habilita la creación de un fondo de despido con el aporte del trabajador».
«Además, fomenta el empleo precario al impulsar las tercerizaciones y los contratos basura de nuevo tipo como las pasantías no retributivas y el personal autónomo dependiente; institucionaliza el monotributismo; libera a las empresas de responder por las contratistas y reduce o elimina las penalizaciones por el delito del fraude laboral», explicaron.
«Además, valida la negociación a la baja individual, anula la irrenunciabilidad a los derechos adquiridos, habilita el cambio unilateral de las condiciones laborales, abandona el cálculo diario de la jornada de trabajo para convertirlo en anual y ataca la libertad sindical y el derecho a la agremiación al facilitar la baja de organizaciones», subrayaron.
Para el gremio, la reforma tributaria también es «regresiva» porque disminuye o elimina aportes como las contribuciones e ingresos brutos patronales, por lo que la diferencia fiscal será aportada por los jubilados, en tanto en lo previsional «se modifica la actual limitada ley de movilidad y se baja el monto jubilatorio, lo que implicará una transferencia a las arcas fiscales de entre 120 a 140.000 millones de pesos, desfinanciando el sistema para cubrir el déficit de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses)».
«Se modificará la base de cálculo de las jubilaciones, se extenderá la edad jubilatoria y se afectará las asignaciones familiares. Es todo inconstitucional y violatorio de la normativa del trabajo y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)», concluyó.