En el marco de la discusión por la reapertura de la discusión paritaria de este año y ante la negativa por parte del Consejo de la Magistratura de avanzar en ese sentido e incluso de otorgar el bono de fin de año, los judiciales porteños resolvieron en un plenario de delegados encabezado por Vanesa Siley, secretaria General y por Juan Rotta, secretario Adjunto, convocarse en Estado de Alerta y Movilización, lanzando un plan de lucha que dispone la realización de Asambleas, movilizaciones e incluso la adhesión a la convocatoria realizada para el #29N por la Corriente Federal de Trabajadores, la Secretaría Gremial de la CGT, las dos CTA, la CTEP entre otras organizaciones.
Los judiciales denuncian la injerencia del Poder Ejecutivo de la Ciudad en la discusión salarial, sosteniendo que lo único que alega el Consejo de la Magistratura de la Ciudad es que desde el Ejecutivo porteño le informaron que la Ciudad “adhiere al pacto fiscal” y que por ello no procederán a la reapertura de la discusión paritaria como tampoco se otorgará bono de fin de año, algo que los trabajadores de la Justicia de la Ciudad consiguen desde hace más de 7 años.
En un duro comunicado de prensa, el gremio señaló que detrás de lo que el ejecutivo llama “pacto fiscal” se esconden políticas de ajuste y de pérdida de derechos hacia los trabajadores y que resulta inadmisible que el Consejo de la Magistratura en tanto órgano independiente administrador del Poder Judicial se someta a ello.
Así la movilización del 29 de noviembre al congreso continúa sumando organizaciones sindicales en su columna. Desde el Sindicato de Trabajadores Judiciales convocan a un cese de tareas para quienes participen de la movilización y entienden que la definición política de someter a este ajuste brutal a los trabajadores proviene no solo del ejecutivo de la Ciudad sino que es parte del plan de medidas que Macri envió al Congreso de la Nación semanas atrás.
El plan de lucha no finalizará allí dado que después del miércoles 29 continuarán en estado de alerta y movilizarán al Consejo de la Magistratura de la Ciudad el día 7 de diciembre, fecha en la que vuelven a reunirse con sus autoridades a efectos de arribar a una solución al conflicto.