El proyecto de Reforma Previsional fue aprobado por 43 votos a favor, 23 en contra y tres abstenciones en general, mientras que en su votación particular recibió el respaldo de 42 senadores y 24 en contra.
El Consenso Fiscal, en tanto, fue aprobado en general y en particular por 52 votos contra 15, y dos abstenciones; mientras que el proyecto de Responsabilidad Fiscal obtuvo la adhesión de 53 legisladores, 14 votaron en contra y hubo dos abstenciones.
La ley previsional incluye propuestas sobre aumentos de haberes por encima de la inflación, 82% móvil a los beneficiarios de la jubilación mínima y la extensión optativa de la edad jubilatoria a los 70 años.
La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo sufrió algunas mínimas modificaciones, en comisión, propuestas por la oposición para que el cálculo se haga en base a una combinación de «un 70 por ciento del índice inflacionario y un 30 por ciento de la variación de salarios», en lugar de tener en cuenta sólo la inflación y el crecimiento del PBI, como establecía el texto original que también incluía una actualización de haberes cada tres meses, indicación que quedó en el dictamen.
Por otro lado, el Estado Nacional garantizará a los beneficiarios de la Prestación Básica Universal (PBU) que acrediten treinta años o más de servicios con aportes efectivos, el pago de un suplemento dinerario hasta alcanzar un haber previsional equivalente al ochenta y dos (82 %) del valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil».
Como tercera modificación, el proyecto contempla extender en forma optativa la edad jubilatoria hasta los 70 años.
La reforma se sancionó a pesar de que ayer una multitudinaria movilización rodeó el Congreso para pedir su no aprobación.
En tanto, el proyecto de consenso fiscal firmado por el Gobierno nacional, la ciudad autónoma de Buenos Aires y las provincias, excepto San Luis, incluye modificaciones tributarias y previsionales acordadas con los 23 distritos que, a su vez, desistirán de sus juicios contra el Estado nacional.
Entre los puntos acordados entre el Poder Ejecutivo Nacional y los gobernadores se destacan la derogación del artículo 104 de la Ley de Impuestos a las Ganancias, el compromiso de aprobar el proyecto de modificación de la Ley de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno y adherir a ese régimen antes del 30 de junio de 2018 y consensuar una nueva ley de coparticipación federal.
Por otro lado, se acordó la compensación por parte del Estado nacional a las provincias que adhirieron al acuerdo a través de transferencias diarias y automáticas con un monto equivalente a la disminución efectiva de recursos en 2018 producto de la modificación a Ganancias mencionada en el párrafo anterior y al aumento de la asignación específica del Impuesto al Cheque.
Asimismo, se propuso actualizar trimestralmente en los años siguientes dichas compensaciones con base a la inflación y emitir un bono para las provincias y CABA a 11 años de 5.000 millones de pesos en 2018 y de 12.000 millones de pesos de 2019.
La provincia de Buenos Aires recibirá, a modo de compensación por el cambio al artículo 104 del Impuesto a las Ganancias, en particular del inciso «b» que estipulaba que 10% de lo recaudado le correspondía a dicho distrito, 21.000 millones de pesos en 2018 y 44.000 millones para 2019, montos que se actualizarán a partir de 2020 en base a la inflación.
En contrapartida, el distrito bonaerense desistirá de continuar con el juicio iniciado al Estado nacional.
El peronista puntano Adolfo Rodríguez Saá, quien votó en contra de las tres leyes, dijo que la legislación previsional iba a bajar los haberes jubilatorios y recordó que “el radicalismo repitió lo mismo cuando formó parte de la Alianza”.
“Empezó el ajuste y será cada vez peor y el peronismo, desde la calle, defenderá los derechos de los que menos tienen”, sentenció.