«El único límite que entiende Hugo es que alguien de su entorno vaya preso», escribía el editorialista preferido de Cambiemos, Carlos Pagni, horas antes de los megaoperativos que lanzó la justicia para encarcelar al vicepresidente segundo de Independiente, Noray Nakis, acusado de integrar una «asociación ilícita» presuntamente liderada por el barrabrava Pablo «Bebote» Álvarez y que tuvo entre sus objetivos al guardaespaldas de Hugo Moyano, Roberto «Polaco» Petrov.
La detención de Nakis fue ordenada por el juez de garantías de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale, quien además determinó otras 21 detenciones, entre ellas la de Álvarez, que está preso desde el 27 de octubre pasado acusado de extorsionar al técnico de Independiente, Ariel Holan.
La denuncia fue impulsada por Juan Manuel Lugones, titular de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreVide) y los procedimientos estuvieron a cargo de fuerzas conjuntas del ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y la Policía Federal.
El dirigente fue detenido tras llevarse a cabo 31 allanamientos en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires en el marco de la causa en la que se investiga los vínculos de representantes del club de Avellaneda con la barra brava.
En tanto, la investigación, que tuvo una sorpresiva y fugaz activación luego de que Pablo Moyano se convirtiera en uno de los articuladores de la multitudinaria protesta de ayer frente al Congreso contra el paquete de reformas del oficialismo, es llevada adelante por los Agentes Fiscales de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Número 1 del Departamento Judicial Lomas de Zamora, Viviana Giorgi y José Luis Juárez.
Según se informó, la fiscal encontró probado que personas que integran una parte de la barra de Independiente «establecieron una asociación con fines delictivos, destinada principalmente a la comisión de hechos de violencia física e intimidaciones contra personas y autoridades de organismos estatales y privados encargadas de la seguridad de los eventos deportivos».
Asimismo se indicó que lo realizaban «con el objeto de tomar y mantenerse al mando de la fracción de la hinchada para obtener beneficios económicos, entrega de entradas y su reventa, dinero para viajes, extorsiones a personal del cuerpo técnico, jugadores y dirigentes».
También «se han probado agresiones físicas a las autoridades, intimidaciones a los organizadores, violencia en espacio público de los alrededores del estadio obteniendo réditos económicos con el manejo de parrillas y otros puestos callejeros y el cobro de dinero para estacionar en la vía pública».