El juez en lo comercial Hugo Vitale rechazó el concurso de acreedores de Oil Combustibles SA (OCSA), la firma del empresario Cristóbal López que adeuda 8000 millones de pesos a la AFIP por impuestos a los combustibles.
El magistrado no habilitó la apertura del concurso preventivo solicitado por los abogados de Oil, luego de que la Corte Suprema de Justicia declarase nulo el primer concurso que López había radicado en Chubut.
Vitale rechazó la apertura del concurso de acreedores al señalar que existió “falta de seriedad” por parte de la empresa que “aún con posterioridad a la apertura concursal, la deudora continúo llevando a cabo conductas rayanas con un proceder abusivo y violatorias del principio de moralidad antes referido”.
La firma adeuda unos $ 8000 millones por el no pago del Impuesto a la transferencia de los Combustibles (ITC), hecho por el cual además el juez federal Julián Ercolini dispuso una inhibición general de bienes que ratificó días atrás.
Tras conocer el fallo adverso, OP Investments consideró que “el Gobierno Nacional y el juzgado comercial interviniente avanzaron decididamente en mandar a la quiebra a las empresas del ex Grupo Indalo”.
“Contrariando la ley de quiebras, vigente desde 1995, el juez comercial hizo recaer la conducta que se imputan a los anteriores accionistas contra la empresa, sus trabajadores y sus acreedores comerciales”, cuestionaron a través de un comunicado.
Desde OP Investments sostienen que el Poder Ejecutivo “no hizo ni hace efectivos los pagos» que le corresponden al Grupo Indalo (que ya rebautizaron Grupo Ceibo) por «trabajos ejecutados y suministros entregados al propio Gobierno por más de $ 1.200.000.000», entre los que citan casos en «Vialidad Nacional, CAMMESA, la Secretaría de Transporte y la propia AFIP por retenciones indebidas, entre otros”.
“Al mismo tiempo, el Gobierno Nacional amenaza a través de los medios con rescindir contratos y concesiones de CPC, la empresa constructora del Grupo. El Gobierno no paga la deuda comercial a las empresas, lo que afecta los trabajos que deben ejecutar, y luego las sanciona por supuestos incumplimientos que el mismo Estado genera”, agregaron.
Apuntan además que tanto el Gobierno como “algunos interesados en quedarse con estos activos conocen que si el juzgado interviniente no aprueba el ingreso de fondos por parte de inversores estratégicos, no será posible darle continuidad a las empresas». «De allí el interés de ahogarlas financieramente, no pagándoles por los bienes y servicios prestados”, aseguran.
Por último, remarcaron que el compromiso del holding es “salvar y relanzar las empresas del ex Grupo Indalo a fin de mantener las fuentes de trabajo y pagar las deudas comerciales y fiscales que el anterior propietario dejó sin pagar. Eso incluye el pago de todas las deudas fiscales que, curiosamente, la AFIP no le cobró a los anteriores accionistas”.