En el contexto del alerta y movilización decidido por el sindicato que conduce María Lazzaro como consecuencia del impacto de «las políticas educativas neoliberales en el proceso de trabajo docente», los trabajadores privados rechazaron «las nefastas consecuencias de la resolución adoptada al margen de la Ley de Educación Nacional».
Lazzaro y el secretario de Educación del Sadop, Daniel Di Bártolo, explicaron que la cartera de Educación y los ministros de las respectivas jurisdicciones aprobaron de forma «paradojal» una medida que fundamentaron en una norma que «incumplen», al no convocar a los trabajadores para discutir de manera integral el proyecto.
«Los trabajadores de la educación privada desean lo mejor para los alumnos y sus familias y que sus hijos ejerzan el derecho humano y social a la educación, por lo que sostienen la importancia de más y mejor educación para todos. El gremio no es refractario a debatir transformaciones que los beneficien, pero rechazan de plano que sean fruto de imposiciones unilaterales e inconsultas», puntualizaron los dirigentes.
El sindicato indicó que un grupo de investigadores, académicos y profesores ya expresó de modo sintético la mirada gremial sobre el proyecto, que prescinde de «un diagnóstico integral de la situación educativa, sus principales falencias, tensiones y capacidades y sobrevalora la función de la tecnología digital, además de desdibujar el rol de docentes y estudiantes y concebir la enseñanza de un modo que limita el abordaje de las complejidades del conocimiento y su construcción en la escuela», añadieron.
Consideraron, además, que «tampoco contempla los perjuicios del sobreuso de la tecnología digital para el desarrollo saludable e integral de los estudiantes; prescinde del carácter corporizado, situado y diverso del aprendizaje y la enseñanza; banaliza y confunde al formular los campos y orígenes de los conocimientos; carece de perspectiva histórica y promueve una visión de progreso acrítica y formula una propuesta educativa propia de la mercadotecnia».
Los dirigentes también señalaron que el proyecto elige productos de marcas definidas sobre los que se asientan la propuesta y las guías didácticas y concluyeron que «el impacto de una propuesta de transformación de la escuela secundaria hacia 2030 es una definición sobre el proyecto de país deseado para las próximas generaciones, por lo que se impone la consulta, el diálogo y el consenso, todo lo cual no existió».
El artículo 120 de la Ley 26.206 determinó que la Asamblea Federal deberá realizar como mínimo una vez al año el seguimiento y evaluación del cumplimiento de la norma y que convocará al menos dos veces a representantes de organizaciones gremiales docentes con personería nacional para considerar agendas definidas de común acuerdo.