La negociación colectiva es una de las manifestaciones que toma el diálogo social en las relaciones del trabajo. Se trata de un derecho fundamental de la libertad sindical y una herramienta para que los trabajadores puedan garantizar sus condiciones laborales y salariales. Dados esos principios, no parece casual que en la gestión Cambiemos haya un retroceso de esa variable.
Desde su reestablecimiento, en 2004, la negociación colectiva en Argentina tomó un gran impulso. No sólo a partir de los acuerdos salariales que anualmente establece cada gremio, sino a través de las actualizaciones de los Convenios Colectivos de Trabajo y de los acuerdos por empresa, que establecen mejoras particulares a los pisos fijados por los primeros para la generalidad.
De hecho, las cifras muestran un crecimiento sostenido desde 2004 hasta 2010, año en el que el Ministerio de Trabajo de la Nación llegó a más de 2 mil homologaciones. A parir de allí se mantuvo en esas cifras, con algunas bajas en los años 2012, 2013 y 2016, donde no se llegó a los 1.700 (aunque se merodeó ese número).
Sin embargo la dinámica se rompió. Y no parece casual. En 2017 las homologaciones apenas alcanzaron los 1.088 casos. Aunque todavía las cifras definitivas no están publicadas en la web oficial de la cartera que comanda Jorge Triaca, InfoGremiales pudo conocer en exclusiva el resultado final del recuento del año que marca un retroceso de 10 años en materia de negociación colectiva y que abrió una fuerte interna puertas adentro.
Si repasamos la serie histórica, la gestión Triaca puede colgarse la cucarda de haber llevado a esa cartera durante el año pasado a las cifras de 2007 cuando, todavía con la negociación en ascenso, los acuerdos alcanzaron los 1.042 casos.
Si bien todavía es aventurar explicaciones definitivas al fenómeno, ya se reconocen una serie de regularidades a lo largo del período que pueden haber impactado en el número final: se establecieron mecanismos selectivos de no homologación de acuerdos para disciplinar organizaciones gremiales díscolas (caso denunciado por el gremio aceitero por ejemplo); se congelaron negociaciones salariales (con los Visitadores Médicos como caso testigo); se obstaculizaron los acuerdos a los gremios pequeños que compiten con los Gordos; y se deslindó responsabilidades en lo referente a los acuerdos por empresa.
Los 1.088 acuerdos homologados en 2017 representan sólo algo más del 50% de los pactados en 2015 (todavía bajo la gestión de Carlos Tomada) y un retroceso del 30% de las establecidos en 2016, ya con la cartera laboral en manos del hijo del ex gremialista del Plástico.
Además, el deterioro de las condiciones laborales y salariales que implica la caída dramática de la negociación colectiva para los trabajadores formales, derrama irremediablemente sobre el tercio de trabajadores informales. Es que en última instancia terminan siendo subsidiarios de lo que sucede en el mercado de trabajo formal y sobre ello el ajuste expone su peor faceta.