En una conferencia de prensa realizada en la sede de ATE Nacional, el gremio expuso sus cuestionamietos del decreto publicado ayer en el Boletín Oficial que, en 22 capítulos y 192 artículos, modificó más de 140 leyes y normativas.
«Este decreto es tan grave como el paquete de reformas que incluye a la previsional, laboral, tributaria y el pacto fiscal con los gobernadores. Tiene el mismo nivel de violación de los derechos de los trabajadores y desestructuración del Estado», sostuvo el titular del gremio, Hugo «Cachorro» Godoy.
El sindicalista le dijo a Télam que la medida, por su contenido y por su forma -mediante un DNU- «viene a culminar lo que comenzó (el ex presidente) Carlos Menem en los ’90, con la Ley de Reforma del Estado», y adelantó que el equipo jurídico de ATE analiza una eventual presentación judicial para declarar inconstitucional el decreto.
«No existe ninguna razón de necesidad y urgencia que amerite el DNU, para que el Ejecutivo se arrogue facultades que le corresponden al Congreso, como la regulación de la economía del país», opinó el dirigente sindical, y agregó que, «con un nombre aparentemente inocente, de ‘simplificación de trámites’, el Presidente vacía estructuras del Estado y da vía libre para que las empresas trasnacionales saqueen nuestras riquezas».
Godoy adelantó que desde ATE enfrentarán la iniciativa del Gobierno con la «profundización del plan de lucha» que llevan adelante en el marco de los despidos «que se vienen produciendo en distintos organismos del Estado».
El titular de ATE Nacional apuntó contra lo que consideró la «incorporación de los fondos de la Anses a la timba financiera», con la habilitación al Fondo de Garantías y Sustentabilidad del organismo para «crear fideicomisos financieros y operar con instrumentos dentro del mercado financiero».
Además cuestionó la «derogación de 50 normas del Senasa (el organismo que controla la salud vegetal y animal del país) y la trasferencia a manos privadas de las actividades de control hasta ahora en manos del Estado».
Por otra parte, Godoy alertó que, mediante este DNU, se aplican las reformas laborales que impulsa el Gobierno.
Gogoy también puso el foco en lo que consideró uno de los puntos «más violatorios del derecho laboral», en relación a la disposición que «deja en manos de los bancos la decisión de embargos de cuentas sueldo, algo que hasta ahora estaba en manos de la Justicia y que tenían un límite del 20% del salario».