El Gobierno no se detiene en su confrontación con el sindicalismo y ahora va por la asfixia financiera. Para eso se dispone a eliminar un fondo de unos mil millones de pesos anuales para las obras sociales sindicales.
Se trata del Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), que complementa la financiación de las obras sociales mediante la distribución automática de fondos para tratamientos complejos.
El subsidio, instaurado por la expresidenta Cristina Kirchner, para reemplazar los conocidos fondos APE, y contempla el giro automático de fondos desde el Estado nacional a las obras sociales.
Actualmente, según estimaciones oficiales, son unos 950 millones de pesos anuales, que surgen del 5% de lo recaudado en concepto de Aportes y Contribuciones que van al Fondo Solidario de Redistribución, destinado a las obras sociales.
Según la versión, la decisión del Gobierno es eliminar el SUMA «en un corto plazo», aunque en una primera etapa, que se anunciaría esta semana, sólo avanzaría con el recorte a la mitad. En 2019, se suprimiría en su totalidad.
La distribución de esos fondos se determina según el tamaño del gremio: el 20% se divide en partes iguales entre las obras sociales con más de 5.000 afiliados. El 80% restante se reparte en forma proporcional de acuerdo al número de afiliados de los sindicatos. En ese contexto, la intención oficial es que se fusionen -o al menos compartan recursos- las obras sociales de sindicatos más pequeños.