La protesta de cuatro días fue convocada por la Mesa de Coordinación Nacional de la ATE del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) que conduce el dirigente Jorge Ravetti luego de una masiva asamblea de trabajadores, quienes denunciaron «el retiro de los servicios de inspección veterinaria de los establecimientos Ciclo II y III, lo que dejó sin funciones a más de mil empleados para aplicar la figura de Directores Técnicos Privados en todos los lugares en los que se produce y elabora alimentos de origen animal y vegetal», puntualizó.
Un comunicado firmado por Ravetti explicó que la decisión determinó «un doble estándar sanitario, es decir, se extremarán los controles para exportar y no los habrá para el consumo interno, por lo que los ciudadanos estarán expuestos a todo tipo de enfermedades, como la escherichia coli o el síndrome urémico hemolítico».
«Además de haber dejado de abonar los alquileres de los edificios de las 400 oficinas sanitarias -que obliga a depender de las entidades agropecuarias como la Sociedad Rural Argentina (SRA)-, el Senasa procura delegar las funciones del Estado y obligar a profesionales y técnicos a depender de la caridad de los controlados. Aduciendo falta de presupuesto esos Ceo’s de CREA, Techint y la SRA exigen que los trabajadores soliciten a las sociedades rurales del interior un espacio para poder operar», expresó.
Según el dirigente, se transfirieron a «los privados los programas de erradicación y prevención de plagas que afectan a los cítricos (HLB y mosca de los frutos), las vides (lobesia botrana) y la producción de algodón (picudo de algodón)», todo lo cual «se suma a los 130 despidos injustificados ya producidos y anunciados de manera informal el 29 de diciembre último», lo que implicó «el cierre de barreras como las de Yapeyú y Olivari en Corrientes y la aparición de la bacteria HLB en Entre Ríos», añadió Ravetti.
La ATE Senasa rechazó «el plan de contingencia oficial» que consideró tardío, ya que esa bacteria está en la región, lo que arriesga «el status zoofitosanitario del país» y echa por tierra «la dedicación especializada y comprometida» de los profesionales.
«Así, se derrumba el fin responsable y los argumentos técnicos por los que fue creado el Senasa (erradicar y prevenir las enfermedades y plagas sobre animales y vegetales y garantizar la seguridad alimentaria y la trazabilidad e inocuidad de los alimentos), lo que también compromete la credibilidad internacional sobre los controles y el prestigio alcanzado, arriesgando de esa forma los mercados mundiales de la Argentina», señaló.
Ravetti denunció como «cómplices necesarios» de esas decisiones a la SRA, Coninagro, Carbap y CRA; a las cámaras de la industria frigorífica Unica y a las avícolas y apícolas, que procuran «autocontrolarse sin ninguna intervención del Estado».