El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) intimó a OCA para que acredite, en cinco días hábiles a partir del jueves, la cancelación de las obligaciones impositivas, previsionales y sociales, y en caso de no cumplir caerá automáticamente su licencia para operar en el mercado.
Así lo comunicó el organismo tras la reunión del directorio efectuada este mediodía en la sede del ente de control, en la que se analizó la posibilidad de otorgar una nueva prórroga de 30 días de la licencia que permite a OCA prestar servicios postales en todo el país.
En lugar de conceder una cuarta prórroga, el Enacom decidió intimar a OCA para que acredite dentro de los próximos cinco días hábiles, la cancelación de las obligaciones impositivas, previsionales y sociales, o acompañe constancia del plan de pago aprobado por la AFIP.
Fuentes del organismo precisaron que el plazo de intimación comenzará a regir el próximo jueves en que vence la prórroga concedida a comienzos de enero, y «en caso de no cumplir» con la presentación de la documentación se dispondrá la «baja en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Postales».
Por el contrario, en caso de presentar los comprobantes de cancelación de obligaciones, el Enacom procederá a resolver la prórroga de la licencia.
Las prórrogas que se venían sucediendo desde noviembre le permitieron a la empresa continuar operando con sus más de 7.000 trabajadores, a la espera de que normalice sus finanzas y logre que la AFIP le extienda un certificado de libre deuda fiscal.
La AFIP le reclama a OCA, empresa en manos de Patricio Farcuh al que se vincula con el dirigente gremial Hugo Moyano, unos 3.400 millones de pesos de deuda, de los cuales 2.500 millones entraron en concurso.
La reunión del directorio en que se analizó la situación de OCA se concretó en la víspera de la realización de la marcha convocada por el gremio de camioneros en rechazo a la política salarial que promueve el Gobierno para 2018 y en disconformidad con el modelo económico en general.
Además, Enacom decidió actualizar el valor de los derechos y aranceles radioeléctricos que pagan al Estado las empresas que utilizan el espectro, que estaban vigentes desde el año 2001.
Por último, en el marco del Servicio Universal se autorizó la entrega de aportes no reembolsables (ANR) por un total de 4.600.000 pesos a seis prestadores, lo que permitirá mejorar la conectividad y la cobertura de Internet.