El juez Ricardo Jorge Tatarsky, titular del juzgado nacional del Trabajo N° 52, hizo lugar en primera instancia a la medida cautelar pedida por las autoridades de la Agencia de Noticias Télam y dispuso la suspensión de la prestación laboral de Luis Omar Giménez, empleado y secretario general del Sindicato de Trabajadores de Prensa (Sitrapren), al considerar que su presencia “constituye un peligro para la seguridad de los bienes y del personal de Télam SE”.
El Sitrapren, sindicato con personería, se encuentra históricamente enrolado en el moyanismo y es uno de los tres sindicatos que conviven en Télam. Según consignaron desde la agencia de noticias oficial, cuenta con 224 afiliados sobre un total de 883 empleados de la empresa.
Luego de conocido el fallo, el directorio de Télam formalizó la suspensión laboral del sindicalista.
En su resolución, el magistrado se basó en las declaraciones de cinco empleados de Télam que, tras haberse presentado espontáneamente en la Gerencia de Asuntos Legales, ratificaron en el juzgado acusaciones relacionadas con “notas de acoso que ejercía Giménez sobre las mujeres, la actitud intimidatoria y el pedido de favores personales, las anomalías en el servicio de seguridad que prestaba la cooperativa CLC, el pedido de un porcentaje para que se le facturen rápido los servicios prestados, el cobro por caja de los aportes sindicales de la empresa que luego eran entregados en mano a Giménez y que luego éste llevaba a su domicilio, y la denuncia de un pedido de sobornos a la firma UADEL que proveía servicios de limpieza a Télam a cambio de otorgar una facturación rápida”.
Al avalar el pedido de la empresa, además, el juez consideró que “los dichos de los declarantes se perfilan objetivos, categóricos, sinceros y coincidentes con la versión actoral”.
El pedido desafuero de «Lucho» a la justicia laboral, por parte del directorio de Télam, se gestó luego de que dos trabajadores de la agencia dispararan fuertes denuncias sobre el titular del Sitrapren en el programa de TV “La cornisa”, en América TV.
Las autoridades de la agencia, que asumieron en enero de 2016, ya presentaron ante la justicia penal diez denuncias por diversas irregularidades, en varias de las cuales está involucrado el mismo Giménez.
A ello se le suman dos expedientes iniciados en la Oficina Anticorrupción, que está investigando el patrimonio del sindicalista y que debe dictaminar si es legítimo su rechazo a presentar la declaración jurada patrimonial ante ese organismo, como corresponde legalmente por tratarse de un jerarquizado de la empresa con manejo de fondos públicos.