La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó la cautelar que había conseguido la Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio, en agosto del año pasado, y suspendió la decisión del Gobierno Nacional de avanzar en una lista de abogados laboralistas y trabajadores que iniciaren juicios laborales.
Como había sucedido entonces, la Justicia ordena no innovar y disponer la suspensión de la resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) N° 760/17 por el plazo de 6 meses o, en su caso y de ocurrir antes, la sentencia definitiva que recaiga en el proceso principal.”
Se trata de un nuevo fallo en contra de la avanzada política dispuesta por el Gobierno para evitar que los trabajadores accedan a la Justicia como forma de solución de sus conflictos en el ámbito del trabajo.
La Resolución SRT N° 760/17 había creado un Registro (S.I.R.E.L.) para asentar los datos personales de los trabajadores –y sus abogados patrocinantes- que iniciaran juicios por enfermedades o accidentes del trabajo planteando la inconstitucionalidad de la Ley 27.348 que fue sancionada por iniciativa del Presidente Macri y que obstruye el acceso a los trabajadores el acceso a la Justicia.
El Juzgado Laboral N° 4, a cargo de la Doctora Laura Castagnino había dictado el 7 de agosto de 2017 una medida interina hasta tanto la SRT presentara un informe de las razones que avalaran su resolución.
Más tarde, una vez presentado el informe, la jueza consideró que la SRT no logró justificar con él la creación del Registro que “sólo apunta a identificar a los litigantes y sus letrados, así como al órgano jurisdiccional que pueda emitir una sentencia de condena” lo que colisionaría con disposiciones legales y constitucionales.
El juicio fue iniciado por la Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio, y a su presentación adhirieron luego la CTA de los Trabajadores y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, entre otras entidades.
Desde la Corriente de Abogados había señalado que la resolución de la Superintendencia “se enmarca en los ataques del Presidente Macri a los trabajadores que deben acudir a la Justicia en resguardo de sus derechos, a los abogados que los representan y a los jueces que aplican las leyes que garantizan los derechos laborales”.
Además la calificaron como “estigmatizante porque tiene como real finalidad armar una´lista negra´ que viola la Ley de Protección de Datos Personales, la Constitución Nacional y Tratados Internacionales de Derechos Humanos”.