El régimen contempla hasta 6 sueldos al momento del retiro y hasta 24 cuotas mensuales posteriores para quienes tengan más de 10 años de antigüedad, todas igual al sueldo neto y la obra social.
Los requisitos para acceder al retiro serán: tener 65 años o más y no contar con años de servicio suficientes para jubilarse; tener entre 60 y 65 años, o hasta 60 años con dos o más años de antigüedad en las jurisdicciones previstas.
También quedan afuera de este régimen aquellos que se encuentren procesados por delitos en perjuicio de la administración pública, sumariados, o que hayan iniciado reclamos administrativos o demandas judiciales contra el Estado.
Los efectivos de las Fuerzas Armadas y otras fuerzas de seguridad, miembros de la AFI, docentes, profesionales de la salud o Servicio Exterior y científicos, quedan excluidos.
«Entre las premisas del Gobierno Nacional se encuentra la de lograr la utilización de los recursos con miras a una mejora sustancial en la calidad de vida de los ciudadanos focalizando su accionar en la producción de resultados que sean colectivamente compartidos y socialmente valorados, conforme surge del Plan de Modernización del Estado», señala uno de los considerandos.
Quienes ingresen en el programa no podrán volver a ser incorporados bajo ninguna modalidad de empleo o contratación de servicios u obra en las jurisdicciones y entidades previstas por cinco años desde la baja.