El titular del Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (Sutpa), Sergio Sánchez, aseguró que la organización gremial «no aceptará la precarización laboral» y exigió «la preservación de la totalidad de los puestos de empleo» en la actividad. Por ello el personal se movilizó hacia la sede de Vialidad para «garantizar las actuales tareas».
Un comunicado gremial explicó que el personal de las estaciones de peajes ratificó el estado de alerta y movilización en rechazo de «masivos despidos» y anunció próximas medidas de fuerza para el caso de que el gobierno «no garantice los puestos laborales» en los nuevos pliegos de licitación para la explotación de las rutas nacionales.
Los trabajadores se movilizaron esta mañana hacia la sede de la Administración de Vialidad Nacional (AVN) y rechazaron «el conjunto de medidas adoptadas» por el organismo, en tanto Sánchez rechazó toda política de “precarización laboral” y reclamó al director de la AVN, Javier Iguacel, definiciones y explicaciones respecto de la manera de aplicar «el proceso de reconversión y que ocurrirá con el personal de las concesiones”.
«El gremio acepta la necesidad de incorporar tecnología, pero es preciso un proceso. La reconversión no puede realizarse de un día para el otro, como procura el gobierno. Nadie conoce qué servicios se prestarán y qué tareas cumplirán los trabajadores”, aseveró.
Sánchez, quien reemplazó al frente del gremio a Facundo Moyano, consideró que “se imponen obras y más rutas para mejorar e incorporar tecnología, pero siempre con la totalidad de los trabajadores dentro de la actividad”, señaló un comunicado de prensa.
En el último fin de semana largo y ayer el personal realizó acciones de difusión y esclarecimiento con la distribución de material informativo sobre la situación de la actividad, y expresó que «las llamadas ‘rutas seguras’ no prestarán ningún servicio de seguridad vial, asistencia al usuario, balanzas para pesados, y postes SOS, por ejemplo», a la vez que «la asistencia de los concesionarios quedará a cargo de los municipios del interior, con menos policías, bomberos y ambulancias en los pueblos y más impuestos».
«Si se levantan las estaciones de peajes miles de argentinos quedarán en la calle y, además, las economías regionales de esos pueblos -ya seriamente dañadas-, estarán afectadas por la merma de sus ingresos. Iguacel debe decir en qué puestos reubicará a los trabajadores y qué tareas desempeñarán. Algún funcionario nacional tiene que explicar qué ocurrirá con los cientos de empleados cuyos puestos laborales no fueron contemplados en los corredores Ameghino, Ruta 11 de Santa Fe y Cipolletti», afirmó.
Por último, Sánchez sostuvo que «las nuevas y necesarias obras no pueden de ninguna manera significar más desocupación y endeudamiento y rutas inseguras», concluyó.
Acá los trabajadores de peajes le dicen al Gobierno que no son descartables pic.twitter.com/Ey2vMJY79C
— jorge duarte (@ludistas) 3 de abril de 2018