La empresa metalúrgica de Pescarmona presentó el pedido ante la Subsecretaria de Trabajo mendocina y la próxima semana habrá una reunión entre las autoridades provinciales, la empresa y los sindicatos del sector en el ministerio de Trabajo de la Nación, en Buenos Aires.
Según la seccional local de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la compañía ya despidió a unos cien operarios en lo que va del año y ahora pretende cesantear a más de 200, alegando que acarrea inconvenientes financieros.
La empresa informó al Gobierno mendocino que sus dos plantas ubicadas en esta provincia están operando al 40% de su capacidad instalada debido al escaso éxito en ganar licitaciones dentro del país y una deuda importante en negocios realizados en el exterior.
IMPSA cuenta con cinco centros de producción, de los cuales dos están en Mendoza, otros dos en la ciudad brasileña de Suape y el último en Lumut, Malasia; en todos ellos advirtió estar en un momento de crisis severa.
El 12 de agosto último, la justicia brasileña dejó sin efecto la resolución del juzgado del Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, que declaraba la quiebra de Wind Power Energía SA (WPE), la empresa subsidiaria de IMPSA en ese país.
El origen del conflicto surgió cuando la Justicia brasileña decretó la quiebra de Wind Power, la fábrica de aerogeneradores, por una deuda que la compañía mantenía con el grupo Libra, un operador portuario al que la empresa de energía eólica le debía 10,6 millones de reales.
WPE, fuente de trabajo de más de 1.500 empleados directos y 5.000 indirectos allí, llegó a un acuerdo de pago con su acreedor, por lo que la firma continúa operando normalmente a pesar de la incertidumbre que había generado.
En Mendoza, la falta de producción de la metalúrgica Pescarmona implica un parate en la actividad de otras 600 pequeñas y medianas empresas mendocinas, las cuales son proveedoras directas o indirectas de esa firma.
Los principales inconvenientes se registran en la Planta II, la unidad de producción principal de IMPSA dedicada a la fabricación de componentes claves de centrales hidroeléctricas y también de aerogeneradores, en una superficie cubierta de 20.000 metros cuadrados.
Si la compañía industrial es declarada en crisis, podrá abonar el 50% del total de las indemnizaciones de los 215 trabajadores y en doce cuotas, tanto para el caso de los empleados efectivos como los contratados.
El objetivo de la admnistración de Francisco “Paco” Pérez es lograr que la empresa acepte aplicar el Programa de Recuperación Productiva de Nación, que aporta el equivalente de al menos el 15% del total de los sueldos, por uno o dos trimestres.
A su vez, según publicó el diario Uno de la provincia de Mendoza, la Unión Obrera Metalúrgica y la Asociación de Supervisores Metalúrgicos de la República Argentina propusieron una serie de salidas como la aceptación de suspensiones, vacaciones anticipadas o reducción horaria, con la condición de evitar todos los despidos.