Horas de tensión en la ciudad de Buenos Aires. Es que la red de subterráneos, que transporta a decenas de miles de usuarios, es eje de un conflicto que escaló meteóriamente ayer, cuando el Gobierno porteño decidió reprimir una huelga de los Metrodelegados.
El último capítulo del conflicto ocurrió durante la tarde, cuando el jefe de Gabinete del gobierno porteño, Felipe Miguel, brindó una conferencia de prensa que no arrojo luces sobre cuándo se destrabará el conflicto, más bien todo lo contrario.
«Los cortes al transporte público no son contra el Gobierno, sino contra la gente», señaló el funcionario, quien indicó que los metrodelegados «no pueden negociar paritarias».
También anunció «se van a aplicar todas las sanciones que correspondan, y se puede llegar a los despidos», en relación con los metrodelegados del subte y los paros que llevan adelante.
También informó que «están capacitando» personal para reemplazar a los conductores. Se trata de una tropa de rompehuelgas, una maniobra condenada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por violar el derechos constitucional a la huelga.
Además, Miguel justificó el operativo de la Policía de la Ciudad, afirmando que estuvo relacionado con «acciones de flagrancia». El funcionario porteño señaló que las paritarias ya las negociaron con la UTA (Unión de Transporte Automotor), y se estableció un 15,2% de incremento salarial, y que por ese motivo los cortes del servicio de subterráneos y Premetro «son ilegales e irracionales».