Tras el fracaso en el Congreso para detener el proyecto sobre suba de tarifas de la oposición, el oficialismo avanzará sobre otro de sus planes más controvertidos: la reforma laboral.
Esta vez, para evitar el costo político que significó el veto del presidente Mauricio Macri a la medida aprobada en el Senado, los operadores del Gobierno buscarán llegar a un final más feliz, a través de un acuerdo con el peronismo en torno a la mentada reforma.
Otro objetivo será impedir que escale la tensión entre el oficialismo y la CGT, cuyos líderes ya adelantaron que irán a un paro general y que le jueves definirán la fecha.
Para conseguir estas metas, según informó La Nación, el Gobierno estaría dispuesto a ceder en uno de los puntos más polémicos del proyecto, el capítulo referido al cálculo de las indemnizaciones.
Un jerárquico del Ministerio de Trabajo, un senador oficialista y dos dirigentes sindicales de diálogo fluido con la Casa Rosada, dijeron al matutino que se suprimiría del borrador oficial el punto que propone excluir del cálculo indemnizatorio «el sueldo anual complementario, los premios y/o bonificaciones, y toda compensación y/o reconocimiento de gastos que el empleador efectúe hacia el trabajador».
La iniciativa, incluso, ya había sido rechazada por el jefe del bloque de senadores del PJ, Miguel Ángel Pichetto, y por la CGT. «Nos parece bien el blanqueo laboral, ya que es una herramienta para reducir el trabajo informal y además permite fortalecer el sistema de seguridad social, pero rechazamos la modificación que quieren hacer del artículo 245 de la ley de contrato de trabajo. Esa modificación por el Senado no va a pasar», advirtió Pichetto.
La CGT, en tanto, expresó mediante un comunicado que «el oficialismo incluyó un aspecto que impide su debate, que es la flexibilización del régimen de despidos».
Cuando se concrete la modificación, el oficialismo confía en reunir los avales suficientes para avanzar con el plan de blanqueo laboral, que prevé eximir del pago de multas al empresario que regularice la situación de sus trabajadores, y para la creación de una agencia de evaluación de tecnologías de la salud, cuya finalidad será reducir el nivel de litigiosidad y fijar un nuevo programa médico obligatorio.
El sistema de prácticas formativas, que suplantará a las pasantías, es el otro capítulo que genera desconfianza entre los gremios, porque el pasante no recibiría un sueldo, sino una «asignación estímulo» que sería no remunerativa.
De acuerdo a La Nación, fue el propio ministro de Trabajo, Jorge Triaca , quien comunicó en el gabinete lo difícil que sería avanzar con el proyecto laboral si no se quitara el artículo sobre las indemnizaciones.
Triaca, sin embargo, insistirá en un plan alternativo a las indemnizaciones que es un reflejo del modelo brasileño: la creación de un fondo de cese laboral, constituido mediante los convenios colectivos, con el aval de las cámaras empresariales y del principal gremio de la actividad. El monto del aporte mensual corre únicamente por cuenta del empleador sobre un porcentaje del salario más adicionales remunerativos y no remunerativos, y sustituye a la indemnización.
No está claro aún cuándo podría tratarse en la comisión del Senado el proyecto laboral. Pero en el Gobierno confían en acelerar los tiempos y llevarlo al recinto durante el Mundial de fútbol, que comienza el 14 del actual y termina el 15 de julio.