Cuando todas las miradas se posan en la intervención del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) por su potencial rol como «fuente de financiamiento» de la campaña 2017 de Cambiemos en la Provincia de Buenos Aires, Laura Alonso se pronuncia tal como lo dicta su filiación partidaria.
Es que la Oficina Antocorrupción emitió un dictamen sobre una denuncia que habían elevado dirigentes del gremio durante el lapso que Gladys Gonzalez estuvo al frente de la organización sindical. Es que sobre el final de su «gestión» al frente del gremio, de la fundación y de la mutual, además de ser diputada nacional, fue nombrada directora de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (A.CU.MA.R.), con lo que sumó tres cargos públicos en forma simultánea.
“La flamante Presidenta de la A.CU.MA.R ya ha aceptado el cargo y se encuentra en funciones, pese a que la Lic. González debió aguardar a que la Honorable Cámara de Diputados de la Nación o bien acepte la renuncia presentada, o bien otorgue permiso para desempeñar funciones en otros poderes del Estado, habida cuenta la evidente incompatibilidad existente entre su desempeño como integrante del Poder Ejecutivo Nacional con cualquier otra función de naturaleza legislativa, judicial o ejecutiva. Así queda evidenciada una manifiesta incompatibilidad legal en el ejercicio de TRES FUNCIONES PUBLICAS simultáneas”, sostiene la denuncia que presentó en su momento Mario Morato a la oficina que lidera Laura Alonso.
En el texto el gremialista señalaba que Gonzalez incurría “de hecho, en abandono de su cargo como interventora judicial del gremio, situándolo al mismo en un estado de indefensión absoluta de sus derechos e intereses”.
Además apuntaban a los evidentes conflictos de intereses “entre una funcionaria que por un lado administra un gremio -como interventora judicial, o sea como Auxiliar de la Justicia Federal- (que, como se sabe, es protagonista esencial en la instrumentación de la política naviera consagrada por el Decreto 1010/2004), hace lo propio con empresas privadas donde dicho gremio tiene participación, pero a su vez es legisladora nacional con mandato vigente e integra el Poder Ejecutivo Nacional nada menos que como Secretaria de Estado en una área (ACUMAR) que, además, tiene competencia naturalmente en la utilización de vías navegables en las que prestan servicios los mismos afiliados del SOMU”.
Ante esos argumento la OA resolvió sostener que no hubo hechos de corrupción comprobados por esos hechos, que la renuncia posterior de Gonzalez la exime de explicaciones, que no hay delito y que, en todo caso, se puede constatar una situación de incompatibilidad.
Por si fuera poco, recordó que Alonso es prescindente de los hechos de incompatibilidad por lo que no tenía motivos para pronunciarse en el caso.