Primero fueron las intervenciones a las organizaciones gremiales. Luego las multimillonarias multas a los rebeldes. Ahora llegan los aprietes a los sindicatos para acatar conciliaciones obligatorias que no se ajustan a lo legal, y que garantizan la arbitrariedad de los empleadores para imponer condiciones. Ese es el derrotero de la gestión de Jorge Triaca, que llegó para «combatir a las mafias», pero que, paradójicamente, suma cada vez más denuncias por tener comportamiento mafioso.
El nuevo hito de esta saga lo protagonizó en las últimas horas el SOMU, gremio que terminó de conocerse públicamente por la intervención que dispuso la justicia y que derivó en los escándalos de nombramientos de militantes, familiares y amigos por parte del binomio que compusieron Gladys Gonzalez y el propio Triaca.
Como había ocurrido con los dirigentes de Luz y Fuerza de Atucha la semana pasada, la conducción de los obreros marítimos denunció que el lunes que tuvo que acatar una conciliación obligatoria, dispuesta de manera ilegal, por las amenazas que sufrió de parte de la cartera de Trabajo.
«Hacemos conocer a los compañeros que esta organización gremial fue compelida a dar cumplimiento con esta nueva conciliación obligatoria», señala el comunicado de prensa del Secretariado Nacional del gremio que hizo pública la situación. Agrega que fue bajo «advertencia directa del Ministerio de Trabajo sobre sanciones», y especifica que los mismos funcionarios los amenazaron con «multas, perdida de personería gremial y/o nueva intervención del gremio».
La irregularidad del comportamiento de Trabajo se completa con la falta de convocatoria a discutir salarios (el conflicto de fondo que desató esta trama es por actualización salarial en la actividad de la pesca), en los 20 días que transcurrieron en el marco de las conciliaciones previas y que agotaron los plazos legales.
Vale remarcar que el SOMU presenta dos rasgos particulares. Por un lado, el impacto de la gestión Gonzalez/Triaca en el pasado reciente de la organización, que apuntó a destruir los tejidos gremiales y que, además, resultó negativa en términos patrimoniales para los afiliados. Y por otro, el perfil moyanista de Durdos, que lo suma a la lista de enemigos elaborada por el Gobierno.
Ante este panorama de presiones, los marineros ya tendieron puentes con organizaciones internacionales para sumar espalda. De hecho, ayer mismo el ministro recibió una carta de Antonio Rodriguez Fritz, secretario Regional para América Latina y el Caribe de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF).
«Hemos sido informados por el Cro. Raúl Omar Durdos, Secretario General del SOMU que a pesar de que la intervención del Sindicato ha terminado jurídicamente, como resultado del proceso electoral que fuera convocado, organizado, implementado y validado por el Ministerio del Trabajo a su cargo, hasta el día de hoy existe en la práctica una situación irregular ya que el Ministerio del Trabajo se niega a otorgar el reconocimiento definitivo a las autoridades, por todo el periodo electoral, entregando en su lugar certificaciones temporales por 90 días», abre la misiva del dirigente internacional a la que tuvo acceso InfoGremiales.
«Lo anterior es una violación a la libertad sindical, al intentar condicionar, por motivos inciertos, a la Directiva actual que resultó electa en el proceso organizado en forma absoluta por el mismo Ministerio del Trabajo», agrega Fritz y sigue: «Adicionalmente, nos preocupa en sobremanera lo expresado por el Cro. Raúl Ornar Durdos toda vez que existe actualmente la negociación de Convenios Colectivos con diferentes Cámaras y nuestra Federación entiende que la ausencia de la Certificación estarla siendo utilizado como un pretexto para limitar el poder de negociación del SOMU, afectando así los derechos de los obreros marítimos a él afiliados».