Hubo multitudinarias asambleas y masivas protestas en las últimas jornadas, protagonizadas por los empleados del Ministerio de Justicia Nacional. Es que allí resuena cada vez más fuerte el rumor de una nueva lluvia de telegramas de despidos con la particularidad de la desaparición de la línea 137, que se encarga de tratar los casos de violencia familiar.
Los despidos posibilitados por la desaparición de los entes coopereradores afectarían a toda la cartera de Justicia y particularmente en el 137 y haría que ya no quede personal que atienda y contenga a las víctimas de violencia familiar y sexual en el país.
Ante la alarmante situación, los trabajadores se mostraron organizados y, por primera vez en doce años, declaran un cese de actividades.
Desde el 2006 el Programa que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos defiende a las víctimas de violencia.
“Nos vemos obligadxs a tomar estas medidas en defensa de nuestros puestos de trabajo y de las políticas públicas que garantizan los derechos de las víctimas», explicaron en un comunicado desde el Programa «Las Víctimas contra las Violencias», que en doce años sus profesionales asesoraron en más de 200 mil casos e intervinieron directamente en más de 43 mil casos en todo el país.
«El 90% de los empleados de los ministerios de Justicia y Seguridad cobran a través de los entes cooperadores. Son cerca de diez mil personas que tienen contratos precarizados, pero este decreto también afecta al personal de planta, porque el 60 por ciento de sus sueldos son pagados por estos entes», explicaron.
Desde el viernes pasado, los trabajadores de ese Ministerio iniciaron un paro que proyectan sostener hasta el 5 se septiembre de acuerdo con la decisión de ATE y UPCN, los sindicatos que representan a todo el personal de esa cartera.
La huelga se organizó en defensa de los 10 mil puestos de trabajo que se encuentran en peligro y, según advirtieron desde ese sector, mientras no se disponga una decisión contraria desde el oficialismo, el plan de lucha se mantendrá en pie.