Armando Cavalieri receptó ayer su primera derrota judicial en los 32 años que lleva al frente del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC). Los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvieron suspender la elección de autoridades, previstas para el próximo viernes 28 de septiembre, y abrieron un interrogante sobre el futuro del gremio.
Los camaristas aceptaron el planteo de Ramón Muerza, actual secretario de Organización del sindicato y candidato a secretario general, respecto a irregularidades en el llamado a asamblea de delegados que eligió la junta electoral, por lo que confirmaron la suspensión del proceso electoral en el que Cavalieri buscaba su noveno mandato consecutivo.
Ahora, por orden de los magistrados, el líder mercantil deberá convocar una nueva asamblea, en la que pueda participar la oposición, elegir una nueva junta electoral y revisar los amañados padrones en los que ya se habían descubierto más de 13 mil afiliados truchos.
El golpe judicial llegó a pesar del respaldo que Cavalieri detenta de Jorge Triaca, el ahora ex ministro de Trabajo, y parece ser una señal clara de fin de ciclo. Sucede que los distintos factores empiezan a sentir el aroma de debilidad del Gitano y el final de su carrera sindical podría estar signado por un desfile en tribunales, que también salpica a su familia.
«Es una señal a que se ponga el traje de guía espiritual, pero por fuera de la conducción», interpretó un conocedor del paño sindical al conocer la noticia. Y es que las malas nuevas de los tribunales no dejan de florecer. Hace sólo una semana la justicia abrió una causa por presunto lavado de dinero y defraudación a partir de una serie de empresas que estarían vinculadas al gremio o a la obra social, según la presentación que realizó Hermenegildo Arnaldo Pérez, un afiliado mercantil.
La acusación de Pérez se radicó en el Juzgado Federal N°8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi. Allí se vincula 29 sociedades anónimas con Cavalieri, su esposa, uno de sus hijos y otros dirigentes jerárquicos del gremio y de la obra social Osecac.
Además, en Córdoba se empezó a mover en los últimos meses la causa de los 53 millones. La que investiga el cobro de cheques de la obra social nacional, que se habían pagado irregularmente a prestadoras de Cuyo y que habrían terminado en manos de Cavalieri y la cúpula de la obra social.