Así se lee en el texto que el Gobierno le entregó a la Confederación General del Trabajo (CGT) y por lo que la central obrera decidió frenar la huelga general que tenía previsto hacer en el transcurso de este mes.
«Establécese hasta el 31 de marzo de 2019 un procedimiento por el cual los empleadores, antes de disponer despidos sin justa causa, deberán comunicar la decisión al ministerio de Producción y Trabajo con una anticipación no menor a diez días hábiles de hacerla efectiva», dice el borrador del decreto. .
Este texto ya cuenta con el aval de la CGT pero no así con el respaldo de la Unión Industrial Argentina (UIA) y otras cámaras empresariales, donde aseguran que no tienen margen de maniobra para pagar el bono que pide el Gobierno.
El documento confirma que el bono es por $ 5.000 en dos cuotas que serán pagadas en parte iguales con los salarios de noviembre y de enero, aunque deja abierta la posibilidad a que se negocie empresa por empresa otro mecanismo.
«Las partes signatarias de los convenios colectivos de trabajo, representantes de los trabajadores y empleadores, podrán adecuar la implementación de lo dispuesto en el presente decreto en materia de plazos y montos para aquellas actividades o sectores que se encuentren especialmente en crisis o en declinación productiva», dice el artículo tercero.
El borrador explicita que aquellos acuerdos salariales que ya fueron cerrados a lo largo del año y hayan pactado una revisión «podrán compensar el aumento» con la suma total del plus salarial salvo que las empresas y los gremios acuerdan «expresamente» su no absorción. Otro punto que podría traer debate.
Además, dispone que las empresas que ya otorgaron «unilateralmente» otros incrementos sobre las subas salariales «podrán compensarlos» con la suma total del bono. Y el texto también destaca que aquellos que el bono de 5.000 pesos adquirirá carácter no remunerativo.
«Quedan excluidos del alcance del presente decreto los trabajadores del sector público nacional, provincial y municipal, cualquiera sea su modalidad de vinculación o el régimen laboral aplicable», sostiene el borrador del DNU.