La denuncia contra Gerardo Martínez fue presentada por organizaciones de derechos humanos y sectores sindicales en el Juzgado Federal N° 9, el 12 de julio de 2011. Entonces, Martínez era aliado de Hugo Moyano en la CGT de Azopardo. Lo acusaban de haber integrado el Batallón 601 y lo vinculaban con la desaparición forzada de 105 trabajadores de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).
La causa avanzó mientras políticamente Martínez se cruzó a la vereda oficialista y formó, entre otros, la CGT de Antonio Caló. En septiembre de 2012, el juez Ariel Lijo –el mismo a cargo de la casusa contra el vicepresidente– ya había dicho que no había obtenido pruebas para vincular a Martínez con tareas de espionaje. Pero los denunciantes apelaron y ofrecieron más pistas para que la investigación continúe su curso.
El fallo firmado por el juez federal Ariel Lijo el 17 de septiembre es definitivo. Argumenta que «no se aportaron elementos probatorios que permitan delimitar un objeto procesal claro y preciso sobre el cual proyectar una investigación sin vulnerar las garantías procesales de la persona denunciada».
Además agrega que «de los hechos denunciados no se individualiza siquiera una conexión fáctica entre ellos y la acción concreta de la persona denunciada. Es más, tampoco se identificó una conexión temporal entre las personas que habrían desaparecido y el período en el cual cumplió funciones en el Batallón de Inteligencia».
Por lo tanto Lijo asegura que Martinez cumplió funciones en el Batallón de inteligencia, pero esas tareas no se corresponden con el período en el que desaparecieron los trabajadores que motivaron la investigación.
Actualmente, Martínez se encuentra en la vereda oficialista pero mirando hacia la de enfrente, y en los términos de una nota previa de InfoGremiales, haciendo guiños a Moyano y propugnando la unidad sindical. ¿Cruzará?