A través de una presentación realizada el Dr. Guillermo Marijuan que recayó en manos del fiscal Gerardo Policitta y que investiga el Juez Federal Sergio Torres, las empresas de lavaderos industriales de prendas hospitalarias Asepcia y Apparel fueron denunciadas judicialmente por “infracción a la ley de salud” y “defraudación al estado nacional y provincial”.
La causa adquiere mayor magnitud a partir del riesgo de vida al que se expone a pacientes y profesionales de la salud, en ámbitos como quirófanos y espacios de terapias intermedias e intensivas, donde la salubridad es primordial, ya que la multiplicación de virus y bacterias en este tipo de establecimientos pone en riesgo de muerte a miles de pacientes internados con bajas defensas inmunológicas, además de poder provocar enfermedades en médicos y otros profesionales.
Las denuncias contra estas dos empresas, que no descarta la existencia de otras en la actividad de operación también ilícita, vienen de larga data, incluyendo el transporte de residuos patogénicos en vehículos que no están habilitados y la utilización para realizar este tipo de tareas a través de personas que hoy están privadas de su libertad en penitenciarias afincadas en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe.
La investigación que ahora ingresó al fuero federal, determinándose el secreto de sumario, avanza paralelamente sobre una práctica comercial ilegal con fraude tributario, para lo cual ya se recogieron pruebas en allanamientos realizados en oficinas de estas empresas, que a pesar de encontrarse en esta situación irregular, continuarían operando y ganando licitaciones para seguir prestando este tipo de servicios de higiene.
Asimismo, la nueva instancia de este proceso legal puso otra vez en superficie una situación que ya fuera denunciada en reiteradas oportunidades ante diferentes organismos oficiales, por fuentes sindicales donde también se explicita maniobras de “práctica desleal con aprietes hacia los trabajadores, incluyendo el incumplimiento de aportes y contribuciones y la falta de acatamiento al convenio colectivo, sin respetar acuerdos salariales y condiciones de empleo”.
El siguiente paso de la justicia además del proceso penal, podría incluir cierres y clausuras con pérdidas en la concesión de las prestaciones que realizan, ya que autoridades de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia Bonaerense, deberán tomar medidas de control de las normas vigentes, ante las nuevas presentaciones judiciales efectuadas.