La norma, impulsada por el diputado Gabriel Godoy (FpV), fue sancionada por la Legislatura bonaerense el 13 de diciembre pasado y fue promulgada en las últimas horas en el Boletín Oficial.
La iniciativa modificó el artículo 2° de la Ley N° 13.168 y estableció que «se entiende por violencia laboral el accionar de los funcionarios y empleados públicos que valiéndose de su posición jerárquica o de circunstancias vinculadas con su función incurran en conductas que atenten contra la dignidad, integridad física, sexual, psicológica y/o social del trabajador o trabajadora».
También, quienes manifiesten «abuso de poder llevado a cabo mediante amenaza, intimidación, amedrentamiento, inequidad salarial, acoso, maltrato físico, psicológico y/o social, persecución y/o discriminación por razones políticas y/o sindicales».
A la vez, mediante una reforma al artículo 6°, se determinó que «se entiende por acoso en el trabajo, a la acción persistente y reiterada de incomodar al trabajador o trabajadora, manifestada en comportamientos, palabras, actos, gestos y escritos que puedan atentar contra la personalidad, la dignidad o la integridad física o psíquica del individuo».
A la vez, aquellos «que puedan poner en peligro su empleo o degradar el clima de trabajo, en razón de su sexo, opción sexual, edad, nacionalidad, origen étnico, color de piel, religión, estado civil, capacidades diferentes, conformación física, preferencias artísticas, culturales, deportivas, situación familiar, ideas y/o actividad política y/o sindical».