El ex ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quedó involucrado en una denuncia ante la Oficina Anticorrupción (OA) por el presunto delito de “administración fraudulenta” dentro del Registro Nacional de los Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre). En principio se investiga la contratación por parte de Abel Guerrieri (hombre de la Sociedad Rural Argentina), quien ocupó la presidencia del organismo hasta el 20 de diciembre de 2018, de manera directa por más de 9 millones de pesos con una empresa dedicada -supuestamente- a prestar servicios informáticos (Biesles SA) a pesar de haber sido objetada por los dos síndicos del organismo en representación del Estado, Diego Cimoli y Sara Gatti.
Según reveló Página/12 luego de haber elevado un informe interno dentro de la cartera laboral -que nunca contó con una respuesta formal de Triaca-, Guerrieri y Erica Vanesa Utrera, designada allí por la Uatre y empleada del área administrativa y legal del Renatre, fueron denunciados ante la OA por los delitos de “tráfico de influencias” y “administración fraudulenta” a partir de las sistemáticas erogaciones hacia una “empresa fantasma”.
La denuncia ante la entidad que conduce Laura Alonso sugiere que Triaca sea investigado administrativa y penalmente por su inacción ante los informes críticos de los dos síndicos.
“El Renatre contrató primeramente en forma ilegítima a una empresa para que audite sus sistemas, y rápidamente la volvió a contratar para que le confeccione una gestión integral en la Secretaría de Informática, y además confeccione una solución tecnológica en materia de fiscalización. También se la contrató por urgencia y necesidad, lo que es una falacia a todas luces”, sostiene la denuncia realizada formalmente ante la Oficina Anticorrupción y que fue adelantada por este diario. La acusación puede rastrearse bajo el número 5798 e ingresó al sistema del organismo el 21 de diciembre, según constató Página/12 ante la Mesa de Entrada de la entidad que conduce Alonso.
La acusación hacia las autoridades del Renatre incluye una operatoria por más de 9 millones de pesos. Pero no es la única. Desde que el presidente Mauricio Macri convalidó la entrega del organismo fiscalizador a la Uatre y las patronales agropecuarias, cobraron nuevamente protagonismo los contratos millonarios hacia “empresas amigas”, situación que los denunciados ni siquiera trataron de disimular ya que despertaron la inconformidad de los propios síndicos en representación del Estado.
Cimoli y Gatti le advirtieron a Triaca de las maniobras fraudulentas en una nota firmada el 31 de julio de 2018 e incorporada en el Expediente 1-2015-1799997/2018. “Tratándose de una contratación de compra directa por especialidad, resulta llamativo que no obre en el expediente dictamen alguno de la Subgerencia de Asuntos Jurídicos al respecto, ni tampoco informe del área de informática que justifique y/o avale la necesidad de contratar y/o sugerir a empresa alguna o Biesles SA, para que realice la labor de desarrollo de un sistema informático de fiscalización”, escribieron los síndicos.
Es decir, quien fuera responsable del área de Trabajo hasta diciembre del año pasado nada hizo para frenar las supuestas contrataciones fraudulentas y por esa inacción, en la denuncia formulada ante la OA sugieren que el ex funcionario también sea investigado, y de corresponder, que se eleven las denuncias penales pertinentes.
Si bien la denuncia ante el organismo que conduce Alonso involucra un sólo contrato por más de 9 millones de pesos, la práctica no sería un hecho aislado ya que existirían más erogaciones de estas características, como así también la derivación de recursos hacia “fondos de inversión” y groseras condonaciones de deuda a empresarios rurales, metodología similar a la aplicada durante los tiempos de Gerónimo «Momo» Venegas al frente del Registro.