En pleno enero y en las vísperas de la campaña electoral, el Gobierno acelera por un viejo anhelo: ver tras las rejas a Pablo Moyano. Para eso pone en marcha la investigación en el caso sobre asociación ilícita en el club Independiente que lo involucra como jefe junto con el barra «Bebote» Alvarez.
Según relató Infobae, e fiscal Sebastián Scalera tomó dos nuevas declaraciones testimoniales que incluyen nueva prueba sobre la supuesta relación entre el adjunto de Camioneros y el capo de la barra brava, y vuelve a insistir con el pedido de prisión para el sindicalista.
La definición inminente reacae en la jueza natural del caso, Estela Mollo, que se acaba de reintegrar al juzgado y tendrá que decidir sobre la materia. Mientras tanto el juez anterior, Luis Carzoglio, quién había denegado la posibilidad de que Moyano fuera preso, sigue suspendido en sus funciones.
Por otro lado, Daniel Llermanos, abogado de la familia Moyano, presentó un pedido de nulidad de todo lo actuado, vinculó a dos agentes de la ex SIDE con el expediente y presentó fotos de una presunta celda con cámaras ocultas de audio y video acondicionada según manifestó para meter preso a su defendido y grabar todas las conversaciones que tenga en la prisión.
LLermanos afirmó que existe persecución, pérdida de objetividad, falta de pruebas y coacción a barras para que declaren contra su defendido. En su escrito consigna un detalle que de ser cierto, es escalofriante: presentó fotos de una celda en el penal de Melchor Romero, en La Plata, que está acondicionada para recibir a Pablo Moyano y que tiene un sofisticado sistema de cableado oculto para grabar todas las conversaciones que tenga el sindicalista en prisión, si Scalera consigue su objetivo. Por esas maniobras denunció a dos personas vinculadas a la Agencia Federal de Investigaciones, la ex SIDE, como quienes realizaron la maniobra.