Los despidos y suspensiones en el bimestre Noviembre-Diciembre llegaron a 9.727 casos, más del doble que en el mismo período del 2017, cuando sumaron 4.758. Así se desprende de un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
El trabajo refleja que el impacto más fuerte lo sufrieron los sectores de la industria y los servicios: un 83% de los casos correspondieron a esos ámbitos.
«Un año de caída: despidos y suspensiones durante 2018», se titula el documento elaborado por CEPA, donde se puntualiza que durante 2018 hubo un total de 69.696 suspensiones y despidos, correspondiendo 16.303 de ellos a empleo público y 53.393 a empleo privado.
Los datos implican un promedio de 5.800 despidos y suspensiones mensuales durante el año pasado.
Teniendo en cuenta los datos de 2017, los despidos y suspensiones en 2018 superaron en 33.162 casos a los del año anterior, lo que equivale a un incremento de 91% interanual. Y si se toma solamente el bimestre Noviembre-Diciembre, la diferencia alcanza los 4.969 casos, un incremento del 104%.
Tal como se desprende del trabajo, en los primeros dos meses del año los despidos del sector público resultaron más significativos que en el sector privado pero en los siguientes cinco meses tomaron “la posta” los despidos del sector privado.
En agosto convergieron en despidos tanto el sector público como el privado casi por igual. Pero en los últimos cuatro meses de 2018 se produjo un sensible incremento de la evolución de despidos y suspensiones en el sector privado.
En el relevamiento por sectores, los despidos y suspensiones de la construcción alcanzan los 1.581 casos, los correspondientes a las empresas de capital estatal alcanzan los 5.176, los despidos en el sector público dentro de la órbita del poder ejecutivo suman 11.127.
Por su parte, la industria despidió y suspendió 37.341 trabajadores, el sector primario hizo lo propio en 1.001 casos y finalmente los servicios expulsaron a 13.470 trabajadores.
Los despidos y suspensiones de la industria suman el 54% del total de casos, seguido por el sector público, que entre los correspondientes al poder ejecutivo y a las empresas estatales representan el 23% de los casos, y luego el sector servicios, con 19% de los casos.