El conflicto en la empresa aceitera Cofco ubicada en Valentín Alsina (Buenos Aires) continúa y hoy tendrá un nuevo capítulo, con la celebración de una nueva audiencia en la sede platense del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, a raíz del despido de 195 empleados el 4 de enero pasado.
Los trabajadores de la ex Nidera Valentín Alsina «movilizaremos nuevamente, firmes en la lucha por la reapertura de la planta y la reincorporación a los puestos de trabajo», dijo Ezequiel Roldán, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera de Capital y GBA (Soeia).
Hace unas semanas en una carta que llevaba al firma de Daniel Yofra, la Federación de Aceiteros le pidió intervención inmediata y una audiencia al Ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, para tratar el cierre de la planta que la multinacional.
“El accionar de esta empresa que forma parte de la Cámara de la Indusitria Aceitera de la República Argentina (CIARA) es el mayor ataque que hemos sufrido los trabajadores y trabajadoras aceiteras, más lamentablemente, no resulta un hecho aislado”; explicaba la misiva a la que accedió InfoGremiales en exclusiva.
En el texto se repasaban los recientes despidos en Cargill, en Bunge, las suspensiones en Viluco, en Entre Ríos Crushing, en Buyatti, los retiros voluntarios en Molinos Río de la Plata y las vacaciones anticipadas en Dreyfus, con el mismo “modus operandi” por parte de los empresarios.
“Este accionar empresarial que en muchas ocasiones resulta ilegal, tiene un fundamento y motivo en común: hacer pagar a los trabajadores por medidas que viene tomando el actual gobierno nacional y que resultan antipáticas para el sector agro exportador y así presionar al PEN para su modificación”, explicaban los aceiteros.
Es que en los últimos meses se consolidó la primarización de las exportaciones por la quita de diferenciales arancelarios en el complejo sojero entre el poroto, la harina y el aceite (que a partir de septiembre pagan todos 30% de retenciones). Como respuestas las firmas profundizaron su traslado a los trabajadores de los costos.
“Es el Estado Nacional quien debe intervenir en forma eficaz ante el atropello de una empresa extranjera, garantizando el derecho al trabajo y al sustento de 200 familias que hoy quedan en la calle”, concluía la misiva.
Más tarde el gremio advirtió que si tenía que ir a una huelga nacional de la actividad para revertir la situación no dudarían en hacerlo. Por ello el encuentro de hoy se realiza bajo la amenaza de un conflicto de gran escala para el sector.